Santo Domingo, R.D.- La Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) reunió este miércoles a cuatro abogados penalistas para analizar en un diálogo académico la pieza legislativa del Código Penal dominicano, pendiente de aprobación en el Congreso Nacional.
Los abogados que analizaron el proyecto de ley fueron Francisco Álvarez Martínez, Emery Colomby Rodríguez, María del Pilar Zuleta y Ricardo Rojas León, todos docentes de esta academia y quienes coincidieron en que este proyecto tiene contradicciones, lagunas, retrocesos, además de que amerita de correcciones para su aprobación. La moderación estuvo a cargo de Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
La abogada y experta en derecho penal, Emery Colomby Rodríguez, inició su exposición citando figuras nuevas que se incluyen en esta pieza, como el feminicidio, la inducción al suicidio, el sicariato, el hostigamiento, el bullying, los disparos imprudentes, la bigamia y el entorpecimiento de la investigación judicial.
Colomby Rodríguez dejó claro que la sociedad “merece y demanda una legislación que esté actualizada y se ajuste a la realidad de la política criminal actual”, sin embargo, llamó a repensar las penas que se imponen en la pieza.
“Que las penas estén llevadas a 60 años debe llevarnos a nosotros a una reflexión profunda, porque muy posiblemente lo estemos pensando desde la óptica del delincuente, pero hay que pensarlo desde nosotros. Una persona que sea condenada a 60 años estaría pasando toda su vida privado de la libertad. Por lo tanto, la República Dominicana estaría de forma implícita aprobando la cadena perpetua”, dijo Colomby Rodríguez, y mencionó que el sistema penal actual, con 30 años de cárcel como pena máxima, no cumple con funciones básicas de reeducación y reinserción social.
Francisco Álvarez Martínez destacó la importancia de este proyecto, porque el Código Penal, “es algo que va a afectar nuestra vida diaria, desde el momento en que entre en vigor”. “Todos nosotros, si no sabemos lo que dice o cómo se interpreta, podemos caer en prácticas penalmente relevantes que generen consecuencias directas y de la peor naturaleza en nuestra contra”, dijo Álvarez Martínez.
Uno de los puntos críticos que mencionó fue la obligación de denunciar, introducida en el artículo 344 del nuevo Código Penal. “El legislador ha establecido una obligación clara de que todo lo que pase frente a un funcionario, contable o médico que pueda ser considerado una violación a la ley debe ser denunciado, de lo contrario, generará responsabilidad penal”.
María del Pilar Zuleta puso ejemplos de incongruencias y lagunas de aplicación, además de algunos delitos que cuestionó. Mencionó como ejemplo el delito de humillar y atentar contra la moral de persona, para lo que criticó que un ciudadano se puede encontrar frente a un señalamiento delictivo por haber hecho una broma o relajo. “Entonces, la persona puede ir ante un juez y decir, ‘eso atentó contra mi moral y me sentí humillado’ ¿Cómo esta cuestión de moral y de que tú te sientes humillado la podemos concretizar frente al mandato de certeza? ¿Verdad que es difícil?, se preguntó.
El abogado Ricardo Rojas León describió el nuevo código como “bipolar” debido a sus características contradictorias. Por un lado, tiene “rasgos neo punitivos muy claros”, con penas de 30 a 40 años para delitos graves. Por otro lado, dijo, incluye un sistema de personalización de la pena para delitos menores, permitiendo que condenados con penas menores a un año cumplan su sentencia de manera más flexible.
Rojas León señaló que, a pesar de estos esfuerzos por modernizar el código, aún hay influencias obsoletas de la dogmática jurídico penal francesa, y abogó por una adaptación más alineada con las teorías penales contemporáneas de países como Alemania y España. “Nosotros que todavía estamos regidos por el código penal francés traducido, no nos hemos puesto al día”, dijo.
Este conversatorio de la PUCMM lo hizo la Escuela de Derecho entendiendo la necesidad de abrir un espacio académico sobre una pieza importante para la institucionalidad, la justicia y la vida de todos los dominicanos.
