Víctor Puente
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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), Manuel María Mercedes Medina, denunció este lunes que la transformación policial ha ignorado el desangre de la juventud dominicana, revelando que bajo la actual gestión gubernamental han sido ejecutados más de 700 jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 35 años.
“Sobre la base de la cantidad del año 2020 que llegó el presidente Luis Abinader al poder han sucedido más de 700 ejecuciones de jóvenes”, señaló con firmeza el doctor Manuel María Mercedes Medina tras advertir que la reforma policial no ha logrado frenar la escalada de violencia estatal que afecta directamente a los sectores más vulnerables del país.
“La mayoría de esos jóvenes que están cayendo tienen entre 18 a 35 años y son víctimas de una cultura instalada en la institución policial”, sentenció el activista durante su intervención en el programa Despierta con CDN, resaltando que el diseño de la fuerza pública actual se ha alejado por completo de los principios democráticos para concentrarse en la eliminación física de ciudadanos en operativos cuestionables.
“Del 18 al 25 hablamos de 4,500 fallecidos en intercambios de disparos y del 70% al 75% resultan ejecuciones extrajudiciales”, concluyó el presidente de la CNDH-RD al exigir un alto inmediato a estas prácticas que, lejos de ser casos aislados, forman parte de un patrón sistemático de abusos policiales que la reforma vigente ha sido incapaz de erradicar.
“Aquí se está torturando, le ponen la funda y asfixian al joven para que diga dónde está el hermano, viviendo esto a diario en los derechos humanos”, denunció el doctor al exponer cómo agentes policiales violan flagrantemente la integridad física de menores en las barriadas para imponer métodos investigativos ilícitos.
“Se han constituido en un sello del Ministerio Público llevando al colapso del sistema penitenciario con 600 órdenes de prisión mensuales”, añadió el defensor, señalando que la falta de rigor judicial al dictar medidas de coerción sistemáticas agrava la crisis de derechos fundamentales que enfrenta actualmente todo el territorio nacional.
