Los motoristas han devenido en víctimas y victimarios. Como víctimas, son abusados por el asedio del picoteo oficial y, para su desgracia, la imprudencia y temeridad los coloca a la cabeza de la infausta lista de muertes por accidente de tránsito que lidera el país en el mundo
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Como victimarios, consideradas las excepciones, los trabajadores del motoconcho y del delivery, junto a los activistas de las carreras ilegales y del odioso y peligroso calibrar, violentan sin miramientos las leyes de tránsito que causan muertes y heridas en peatones, junto a los daños que ocasionan en vehículos y propiedades.
En uno y otro caso son servidores de importancia de un sistema envuelto en el caos, a pesar de los avances registrados en el transporte masivo de pasajeros.
Llegaron de la mano del desempleo y los bajos salarios y actúan con reconocido desenfreno, que incluye la tropelía del pandillerismo confundido con la solidaridad grupal, movidos por la falta de aplicación irrestricta de la ley y las normas establecidas.
De ahí los accidentes crecientes, las impertinencias cotidianas y las tragedias como la registrada en Santiago con el crimen perpetrado contra un chofer de camión del servicio municipal a plena luz del día, al interior del parqueo del Palacio de Justicia y frente a policías al servicio de esa institución.
En definitiva, el país reclama una solución a esta problemática.
Los motoristas están llamados a preservar el derecho al uso de este importante recurso para el sustento y uso de la familia. Además del servicio que ofrecen a una muy elevada porción de ciudadanos. Pero están compelidos a ceñirse a sus regulaciones.
Pero sobre todo, el Estado está en el deber de garantizar un transporte eficiente, provisto de la seguridad para transportistas y ciudadanos con un desempeño responsable de las autoridades correspondientes en la ejecución de leyes y normas como las establecidas desde hace ya algunos años.
