La representante del Ministerio Público, la fiscal Mirna Ortiz, afirmó que la Operación Cobra —en la que está implicado el exdirector de Senasa, Santiago Hazim— la fiscal como “la operación de corrupción más grave” presentada hasta el momento.
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La solicitud de medida de coerción resultó aplazada para el jueves 11 a solicitud de los imputados “por el volumen de pruebas” y la necesidad de más tiempo para examinar el contenido, un expediente de más de 500 páginas.
El abogado y representante de la defensa, Miguel Valerio, calificó como el conocimiento de medidas de coerción como innecesario, sugiriendo que ambas partes deberían «ir a pelear a juicio de fondo».
En medio de la conmoción generada por el inicio de la acción judicial, el Senasa informó que continúa garantizando, sin interrupciones, todos los servicios de salud a los más de 7.4 millones de afiliados que conforman sus distintos regímenes, a través de una amplia y fortalecida red de prestadores en todo el territorio nacional.
La operación puesta en ejecución el sábado cuando el exdirector de la entidad fue llamado a la Procuraduría General de la República, junto al empresario Eduardo Read Estrella, también arrestado por el Ministerio Público, está relacionada a hechos que entrarían en los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
En la operación, a la que el PEPCA nombró como Operación Cobra, pese a que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que les prohíbe el uso público de motes o sobrenombres en procesos penales, fueron arrestados además, Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Servicio de Salud; Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, empresarios.
La PEPCA aseguró que varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación con el propósito de judicializarlas.
Evidencias de sobornos y adulteraciones financieras
En un comunicado el MP afirma que ha podido recabar evidencias, de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, maniobras fraudulentas, en definitiva, un esquema de corrupción sistemático instalado por el Director Ejecutivo del Senasa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado.
“El Ministerio Público reitera su compromiso inquebrantable de luchar contra la corrupción. Aquellos que han atentado contra la salud de la población, afectando especialmente a los más necesitados, tendrán que responder por sus hechos criminales”, dijo Yeni Berenice Reynoso, procuradora general, quien adelantó que esa institución realiza grandes esfuerzos para que los que han atentado contra la salud de la población, afectando especialmente a los más necesitados, paguen por sus hechos y retornen al Estado cada peso sustraído.
“La Operación Cobra llegará hasta el final de este caso. Estamos realizando grandes esfuerzos para que, además de las sanciones penales, los responsables de defraudar a todos los ciudadanos también retornen al Estado dominicano cada peso sustraído del patrimonio público”, añadió.
Cero tolerancia a corrupción
En un hilo de mensajes colocado en su cuenta de la red social X, el presidente Abinader enfatizó que desde el inicio de su gestión asumió un compromiso “inquebrantable” con la transparencia, la lucha contra la corrupción, la no impunidad y la defensa del patrimonio público, razón por la cual, al recibir informaciones que levantaban sospechas de irregularidades en Senasa, ordenó una investigación inmediata.
