La comunidad evangélica dominicana, que representa a más de quince mil iglesias y cerca de tres millones de creyentes, manifestó su rechazo absoluto a la sentencia 1225-25 del Tribunal Constitucional, que despenaliza las relaciones homosexuales dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La dirigencia eclesial sostiene que el Tribunal habría legislado fuera de los límites de la Constitución y no puede obligar a instituciones castrenses a acatar una decisión que vulnera el orden institucional, altera la naturaleza militar y amenaza la disciplina que sostiene la seguridad nacional.
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Las entidades durante una rueda de prensa frente al Tribunal Constitucional anunciaron que solicitarán formalmente revisión jurisprudencial, conforme al bloque de constitucionalidad y al control de convencionalidad.
“No podemos guardar silencio”
La Iglesia dominicana declaró que no puede permanecer callada ante lo que considera una decisión “desafortunada, inoportuna y contraria al espíritu histórico de la nación”. Según los líderes eclesiásticos, la sentencia “desfigura la creación divina, redefine la familia y socava valores éticos que han guiado al país por siglos”.
Citando Efesios 5:11 —“Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas”, los representantes afirmaron que callar sería “traicionar la misión pastoral y la responsabilidad profética”, y reiteraron su compromiso de hablar “con claridad, valentía y autoridad espiritual”.
Exclusión de las iglesias
La exclusión de las iglesias judeocristianas como amicus curiae en el proceso que dio lugar a la sentencia TC/1225/25 constituye una vulneración al principio de pluralidad y a la libertad religiosa, pues mientras el Tribunal Constitucional permitió la participación de organizaciones LGBTI+ y ONG de derechos humanos, negó o no consideró la intervención de instituciones religiosas que representan un sector social directamente impactado por el fallo; al impedir que las iglesias aportaran argumentos jurídicos, éticos y sociales en una causa relacionada con moral pública, disciplina institucional y valores comunitarios.
El Tribunal limitó la diversidad del debate constitucional, generó una desigualdad en el acceso a mecanismos de participación ciudadana y produjo una forma de discriminación institucional que afecta la legitimidad social de la decisión, vulnerando derechos colectivos de expresión, asociación y participación en asuntos de alto impacto nacional.
Impacto sobre la disciplina militar y policial
La comunidad evangélica advirtió que la disciplina de la Policía y las Fuerzas Armadas “queda seriamente comprometida”, debido a que estas instituciones se rigen por un régimen jurídico especial que exige obediencia absoluta, cohesión interna y estricta subordinación.
Afirman que la invalidación de normas internas sobre conducta, moral y convivencia obligaría a modificar reglamentos, códigos de ética y manuales disciplinarios, generando “inseguridad jurídica, debilitamiento de la cadena de mando y conflictos que afectan la autoridad y cohesión institucional”.
Preocupaciones jurídicas y sociales
Los representantes eclesiales sostienen que la decisión del Tribunal Constitucional “no es un acto jurídico aislado, sino un ataque directo a la estructura moral e institucional de la República Dominicana”.
Señalan que la sentencia se fundamentaría en leyes derogadas, situación que compromete la validez del fallo. Consideran que al pronunciarse sobre normas sin vigencia jurídica, el Tribunal habría reactivado disposiciones extinguidas, violando el principio de legalidad penal y afectando la seguridad jurídica del proceso.
Asimismo, denuncian que la medida forma parte de “una presión ideológica global” que busca introducir valores y conceptos ajenos al sentir histórico del pueblo dominicano y contrarios —afirman— al diseño de Dios para la familia.
Defensa de la familia y respaldo a votos disidentes
La comunidad evangélica subrayó que la familia, “instituida por Dios y reconocida por la Constitución como fundamento esencial de la sociedad”, no puede ser reinterpretada por ideologías que contradigan la ley natural o los valores nacionales.
Rechazaron de manera irrevocable cualquier disposición o sentencia contraria a este principio y exhortaron al Tribunal Constitucional a actuar con “responsabilidad, prudencia y sentido de nación”. Además, valoraron positivamente las posiciones de las magistradas Eunissis Vásquez Acosta y Army Herrera Reyes, quienes consideraron que las normas impugnadas ya carecían de vigencia, por lo que —afirman— la sentencia 1225-25 “carece de objeto”.
El liderazgo cristiano reafirmó su compromiso de defender el orden moral y la identidad espiritual del país. Afirmaron que las decisiones tomadas en este momento “definirán el futuro espiritual y moral de las próximas generaciones”.
Finalmente, hicieron un llamado a la unidad, la firmeza y la vigilancia, declarando que la Iglesia dominicana “permanecerá de pie, sin temor y sin concesiones”, orando para que Dios ilumine a la nación y preserve la paz bajo Su verdad y Su justicia.
