Víctor Garrido Peralta
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Imagina que cada vez que llenas el tanque de tu carro, estás pagando no solo por la gasolina, sino por sostener una burocracia fiscal insaciable. Es como si, además del combustible, estuvieras financiando el sueldo de burócratas y la ineficiencia misma: una realidad dolorosamente cierta para millones de dominicanos.
El precio del combustible en República Dominicana no es solo una consecuencia del crudo mundial; es una mochila fiscal demasiado pesada, hecha aquí mismo, sobre la base de una ley caduca, impuestos desproporcionados y márgenes comerciales garantizados que nos estrangulan.
Un laberinto fiscal disfrazado de movilidad
La Ley 112-00 de hidrocarburos, junto con sus modificaciones (como la Ley 557-05 y la Ley 495-06), establece un impuesto selectivo al consumo (ISC) de 16 % ad valorem sobre los combustibles fósiles.
Además, para ciertos combustibles como el avtur, la tasa se reduce a 6.5% según resoluciones del Ministerio de Industria, Comercio y Mipyme (MICM).
Este impuesto se calcula sobre el “Precio de Paridad de Importación (PPI)”, fijado semanalmente por el MICM.
El resultado: una porción muy significativa del precio que pagas en la bomba no es realmente por la gasolina, sino por cargas impositivas establecidas por leyes dominicanas.
La estructura del sobreprecio
Según datos del MICM, de cada 1,000 pesos que pagas por galón:
- 520 RD$ cubren el costo real (crudo + transporte).
- 324 RD$ corresponden a impuestos (más del 32 %).
- 156 RD$ son márgenes para distribuidores, detallistas y transportistas.
Estos márgenes (“ganancias garantizadas”) están fijados por ley y no con base en competencia ni eficiencia. En muchos países de Latinoamérica, esos márgenes se establecen mediante mercado competitivo, no por decreto, lo que incentiva la eficiencia.
La fórmula secreta que no ayuda
La metodología oficial para fijar precios toma 13 componentes (como flete, seguro, inventarios, pérdidas y un “Gasto de Aplicación de la Ley” o GAL), que inflan artificialmente el precio.
El GAL es especialmente cuestionable: es un gravamen que el consumidor paga para financiar la misma burocracia que lo regula. Eso convierte el proceso en un círculo vicioso donde se te cobra para mantener el aparato administrativo.
Cuando lo prometido no llega: subsidios y opacidad
La Ley 112-00 contemplaba un subsidio al GLP para amas de casa, pero ese subsidio ha sido, en la práctica, casi inexistente durante años.
Eso significa que muchos pagan impuestos destinados a un subsidio que no reciben. Es una especie de promesa rota legalizada.
El impacto real: todo se encarece
Cuando los combustibles son caros, todo se encarece:
- Transporte público y privado: los taxistas, motoconchistas y transportistas tienen costos altos que se trasladan al pasaje.
- Alimentos: los productos agropecuarios pagan transporte más caro, lo que infla los precios en los supermercados.
- Empresas: los costos logísticos elevan los precios de exportación y reducen la competitividad de nuestras empresas.
Es una carga regresiva que golpea más duro a quienes menos pueden pagar.
El ejemplo de otros países: sí se puede hacer diferente
Algunos países que también importan todos sus combustibles han logrado mantener precios más justos:
- En Guatemala y El Salvador, los márgenes no están fijados por ley, sino por competencia, lo que resulta en menores precios para los consumidores.
- En Chile existe un mecanismo fiscal que ajusta impuestos según la volatilidad del petróleo (un “fondo de estabilización”) para amortiguar al consumidor.
- Panamá, gracias a su eficiencia logística y una estructura impositiva menor, tiene uno de los combustibles más baratos de la región.
Esto demuestra que no es inevitable encarecerse por importar: es una decisión política sobre cómo gravar y distribuir el costo.
Reformas urgentes con el fin de aliviar la carga
Para que el combustible sea justo, no solo para algunos, se necesitan cambios estructurales:
- Revisar la Ley 112-00.
- Reducir y simplificar los impuestos acumulados.
- Aplicar un impuesto único razonable, no múltiples cargas superpuestas.
- Eliminar el GAL.
- Que la regulación se financie con el presupuesto general, no con un impuesto aparte que grava al consumidor.
- Abolir el impuesto al subsidio del GLP.
- Si el subsidio no se distribuye realmente, no tiene sentido seguir cobrándolo.
- Liberalizar los márgenes de comercialización.
- Permitir competencia real entre distribuidores y detallistas para que los consumidores se beneficien.
- Transparencia total en la fijación de precios.
- Publicar en línea los 13 componentes del PPI, para que cualquier ciudadano pueda verificar los costos reales.
La decisión de país
No podemos continuar como hasta ahora: pagando combustible caro y justificando “la volatilidad del crudo” como excusa. La realidad es que gran parte del sobreprecio es nuestro: impuesto, margen y fórmula local.
Exijo a los legisladores, al Ministerio de Industria, al Ministerio de Hacienda y al poder ejecutivo que actúen con responsabilidad. No es solo ética fiscal: es justicia social.
Convoco a los ciudadanos a no resignarse: exigir transparencia, reformas y alivio real. Porque cuando mantener el tanque cuesta tanto, todo acaba costando más caro para todos.
Cuando el combustible es caro, todo es caro.
Y cuando todo es caro, los más vulnerables son los que pagan más.
Es hora de corregir el rumbo.
