Dr. Víctor Garrido Peralta
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Cuando un paciente me oculta síntomas, pone en riesgo su vida. Cuando un gobierno disfraza los números, pone en riesgo el futuro de toda una nación.
Esta semana, el presidente Luis Abinader aseguró que “el 80 % de la deuda actual es para pagar deudas de pasados gobiernos”. Dicho así, suena razonable, incluso responsable. Pero las radiografías fiscales —si se leen completas— revelan otra historia: una de crecimiento incesante, maquillaje estadístico y falta de transparencia estructural.
Los números que el discurso no muestra
La deuda pública consolidada continúa subiendo año tras año:
- 2023: US$ 54,828 millones
- 2024: US$ 57,587 millones
- 2025: US$ 60,182 millones
El país debe más, no menos. El gobierno enfatiza que la deuda bajó del 49.7 % al 46.9 % del PIB (Producto Interno Bruto). Pero ese descenso porcentual no significa que debamos menos, sino que el denominador creció: el PIB nominal se expandió. Es como si un paciente creyera que su colesterol mejoró porque engordó. La proporción luce mejor, pero la sustancia empeoró.
El 80 %: dato sin diagnóstico
Ni el Ministerio de Hacienda ni la Dirección General de Crédito Público han publicado una metodología verificable que respalde esa proporción. En cambio, los informes presupuestarios de 2023 y 2024 muestran que alrededor del 50 % del endeudamiento nuevo se destinó a cubrir déficit fiscal y gasto corriente, no exclusivamente al pago de pasivos anteriores.
Si el 80 % fuera cierto, implicaría que el Estado se endeuda para pagar deudas viejas y, además, usa crédito para financiar su propio funcionamiento. Eso no es sostenibilidad fiscal; es una transfusión continua sin corregir la hemorragia.
El efecto denominador: la trampa de las cifras relativas
El ratio deuda/PIB puede bajar aunque la deuda absoluta crezca, siempre que el PIB nominal suba más rápido. Pero esa aparente “mejora” se evapora cuando el crecimiento proviene de inflación o de sectores que no aumentan la productividad real. El espejismo contable oculta el problema estructural: el país gasta más de lo que produce y se endeuda para sostener un Estado sobredimensionado.
Lo que cuesta cada peso prestado
Hoy, cada dominicano —recién nacidos incluidos— debe aproximadamente US$5,471. Una familia de cuatro carga con una deuda pública de US$21,884, cerca de RD$1.37 millones. ¿Quién autorizó ese préstamo en tu nombre? ¿Dónde están las obras que lo justifican? ¿Mejoraron tu hospital, tu escuela, tu calle?
Mientras el endeudamiento crece, los hospitales colapsan, las escuelas carecen de maestros y las carreteras se desmoronan. La deuda no se traduce en bienestar. Se traduce en facturas impagas de un Estado improductivo.
El gasto que enferma al Estado
Más del 50 % del presupuesto se destina a gasto corriente: nómina, subsidios, alquileres, mantenimiento, compras públicas sin evaluación de impacto. Cada gobierno hereda deudas, pero también las multiplica. Ninguna administración de las últimas tres décadas ha roto el ciclo de duplicidad institucional, clientelismo y gasto improductivo. El resultado: un Estado hipertrofiado que funciona como un organismo enfermo sostenido por sueros de crédito.
Comparativa regional: los que aprendieron a curarse
Países como Uruguay, Costa Rica y Chile han demostrado que el endeudamiento puede ser herramienta de desarrollo si se acompaña de disciplina fiscal, transparencia y retorno social medible. Uruguay publica en línea cada préstamo y su ejecución. Costa Rica impone techos constitucionales de deuda y obliga a revisiones públicas semestrales. En cambio, la República Dominicana no tiene auditorías ciudadanas, ni control del Congreso sobre cada emisión, ni consultas previas al pueblo. Nos endeudamos sin preguntar y sin medir resultados.
Responsabilidad compartida, culpa dispersa
El discurso del presidente busca distanciarse del pasado. La oposición responde con tecnicismos, pero calla sobre los compromisos que también dejó. Ambos bandos tienen razón en algo y culpa en todo: el PLD duplicó la deuda; el PRM la continuó. Treinta años de alternancia política solo han consolidado el mismo modelo: un Estado que gasta, se endeuda y justifica el gasto con más deuda.
Lo que como ciudadanos deberíamos demandar
El propósito inicial es la transparencia total, lo que implica que cada préstamo se publique de manera clara, incluyendo su monto, destino, responsable y resultado. Para cualquier préstamo que exceda los 50 millones de dólares estadounidenses, el referéndum debe ser el medio para la aprobación ciudadana. Sin embargo, sin una auditoría forense internacional que verifique el cumplimiento de requisitos, estándares o criterios establecidos y que identifique puntos de mejora, no conseguiríamos avanzar. Esta revisión independiente comenzaría con todas las deudas desde 2010.
Asimismo, en un eventual ajuste constitucional, es necesario que la población solicite la implementación de un límite constitucional de deuda pública máxima del 40% del PIB, junto con el marco legal correspondiente que establezca sanciones ejemplares para los funcionarios que sobrepasen este límite o autoricen contratos o préstamos con sobrecostos. Para esos “servidores públicos”, no deben faltar penas que incluyan la inhabilitación perpetua, la expropiación de bienes y largas condenas penitenciarias. Igualmente, es necesario que cada proyecto financiado por deuda tenga un retorno social o económico que se pueda medir mediante su respectiva evaluación de impacto.
Diagnóstico
Como trabajador de la salud, tengo conocimiento de que las enfermedades ocultas son mortales. Y como ciudadano, estoy consciente de que las cifras ornamentadas también matan. La deuda no es solo un concepto contable: representa una presión concreta que afecta a cada hogar, a cada servicio público y a cada futuro.
El 80 % que no te dicen es que la deuda persiste aun después de refinanciarla. Únicamente le modifican el nombre, el ministro y la generación que la pagará. La auténtica sanación no consiste en adquirir más deuda, sino en gastar con honestidad, invertir con un propósito y rendir cuentas de manera sincera. La República Dominicana no requiere más deuda. Demanda mayor decencia fiscal.
