Abed-Nego Paulino
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Hoy se cumplen dos meses de la promulgación del nuevo Código Penal de la República Dominicana, contenido en la Ley 74-25, por lo que restan 10 meses para su entrada en vigencia, ya que tiene un año de vacatio legis.
El presidente Luis Abinader promulgó la legislación el pasado 3 de agosto, y desde entonces se han emprendido acciones para dar a conocer la normativa así como para intentar que sea modificada.
Durante un Consejo de Ministros, en septiembre de este año, el Poder Ejecutivo recomendó a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, impartir una serie de conferencias en instituciones públicas sobre las nuevas disposiciones contempladas en el marco penal, con el objetivo de capacitar a los servidores públicos en torno a su aplicación y repercusiones institucionales.
Como parte de esta iniciativa, la Dirección General de Aduanas (DGA) se convirtió en la primera entidad del Estado en recibir a la procuradora para ofrecer una conferencia sobre el nuevo pliego jurídico.
Se recuerda que en el quincuagésimo primer Consejo de Ministros la magistrada presentó al Gobierno los principales aspectos del nuevo Código Penal, el cual incorpora una tipificación más rigurosa y moderna de los delitos vinculados a la administración pública.
Iniciativa obliga actores de justicia a recibir capacitación del nuevo CP
En agosto, en el Congreso Nacional fue introducido un proyecto de ley que obliga a todos los jueces, fiscales, defensores públicos y oficiales de la Policía Nacional a recibir capacitación periódica y certificada sobre el nuevo Código Penal, “como requisito para el ejercicio de sus funciones”.
Se trata de la iniciativa sobre “implementación, capacitación y difusión del nuevo Código Penal de la República Dominicana”, sometida en la Cámara Baja, por Carmen de la Rosa, diputada del PRM.
Propuesta de ley de modificación
El diputado nacional del PRD, Ramón Raposo, sometió en la Cámara Baja un proyecto legislativo que busca modificar la Ley 74-25, la cual es fruto de dilatados estudios. Esto fue a 22 días de la promulgación de la norma legal.
El congresista propone modificar y eliminar varios artículos de la pieza, los cuales -a su juicio- vulneran derechos fundamentales, como la libertad de expresión, manifestación y el empoderamiento ciudadano. Los articulados contienen aspectos que envían a prisión a ciudadanos por pronunciar palabras y hacer gestos a funcionarios, según denunció Raposo.
La propuesta busca derogar el controvertido artículo 310, que trata sobre el ultraje, una figura criticada por distintos sectores del país.
Entre las novedades del Código Penal se destacan sanciones más severas para casos de corrupción administrativa, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, colusión en contrataciones públicas, soborno, peculado y lavado de activos. Además, se introducen disposiciones que refuerzan la responsabilidad penal de funcionarios y servidores públicos, así como mecanismos para garantizar mayor efectividad en los procesos judiciales relacionados.
