Hogla Enecia Pérez
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El Consejo Nacional de la Magistratura diría este viernes si permanecen o son sustituidos los tres jueces de la Suprema Corte de Justicia que fueron evaluados ayer al cumplirse el período de tiempo por el cual fueron electos en el cargo.
El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta informó que a partir de hoy viernes 3 de octubre, salvo que el presidente Abinader decida otra cosa, el CNM vuelve a sesionar para determinar y tomar una resolución sobre si estos magistrados van a permanecer en sus puestos o no.
En caso de que no permanezcan, se abren esos puestos para la próxima convocatoria que dijo se va a celebrar próximamente para los aspirantes a jueces, tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Superior Electoral.
Pilar Jiménez Ortiz, juez presidenta de la Primera Sala especializada en materia civil y comercial, Manuel Alexis Read Ortiz, presidente de la Tercera Sala, que conoce asuntos de tierras, laboral, contencioso tributario y administrativo, y Moisés Ferrer Landrón, miembro de la Tercera Sala, presentaron un resumen de su trabajo en la alta corte durante los siete años de ejercicio.
La sesión se llevó a cabo en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.
Qué dijeron los jueces
Un elemento común y destacado en la labor de los jueces, que fue expuesto ante el consejo presidido por el presidente de la República, Luis Abinader, es cómo se trabajó para reducción de la mora de expedientes que reposaban en la Suprema Corte desde hace más de 40 años, así como la implementación de la tecnología en el ejercicio de las funciones para contribuir a emitir decisiones más oportunas a la población.
Con 11,654 la primera sala tenía el 72% de los casos pendientes de resolución en la Suprema. De ese monto, en más de seis mil casos estaba pendiente que se celebrara audiencia o se dictara una decisión.
La jueza mencionó que el expediente más antigua correspondió a una instancia que llegó a casación en el 1992, al tiempo de explicar el plan de descongestión elaborado de la mano con la meta mora cero de la Suprema Corte. Entre 2019 y agosto de 2025, la Sala dictó 24,707 decisiones de casación.
Uno de los aspectos destacados por la jueza, a parte del tema de la mora judicial y la carga de trabajo que tenía esa sala, fue lo referente a la necesidad de que el Congreso de la República regule lo relativo al concubinato. Un aspecto que provoca muchos litigios en los tribunales.
Describió que hay limitantes a la hora de ponderar lo relativo a los bienes, relaciones pérfidas y la definición de “estabilidad” de una relación.
Hizo referencia a que como tribunal se emitió una sentencia con varios votos razonada respecto a ese tema, ya que no hay una normativa arroje luz sobre los aspectos de los derechos adquiridos en el concubinato pese al reconocimiento constitucional de esa figura en las relaciones de pareja.
“Por seguridad jurídica es necesario que el legislador intervenga… porque si bien la Constitución reconoce este tipo de relación, y de hecho, dice que se generan derechos y deberes, no ha especificado qué tipo de derechos y qué tipo de deberes ni cómo han de contabilizarse las ganancias”, explicó la juez.
Más confianza en lo administrativo
En el caso del magistrado Reid Ortiz, este hizo énfasis en como la justicia administrativa se ha fortalecido en los últimos años.
“Nosotros hemos desbrozado el camino del derecho administrativo” dijo con orgullo el juez que por 36 años ha ejercido labores en el Poder Judicial al destacar que la sociedad tiene más confianza en la justicia administrativa.
Citó como ejemplo de la fortaleza y de aplicación del derecho, el hecho de que como tribunal han condenado al propio Consejo del Poder Judicial, al gobierno central y cuerpos de seguridad del Estado, sin que esto trajese retaliación o animadversión en el ejercicio de sus funciones como juez ni en su vida ciudadana.
Destacó el trabajo que han hecho para reducir la mora en esa sala que en el año 2019 tenía expedientes del 1984. Encontró 5,004 expedientes bajo su competencia y a la fecha, su tribunal; entre 2019 y 2025 dictó 12,469 sentencias de casación.
Pese a que su sala es la que maneja más de un aspecto judicial, él considera que por ahora no sería propicio crear una cuarta sala en la Suprema para que se ocupe de los aspectos administrativos.
Contrario a la postura del presidente de la Tercera Sala, el miembro de ese mismo tribunal, Moisés Ferrer, sí considera necesaria la creación de una nueva sala en la alta corte para que además del tema administrativo, también asuma los delitos tributarios.
“En la materia contenciosa administrativa, hoy por hoy, se hace necesaria una sala especializada y que se dedique de manera exclusiva a la materia contenciosa tributaria”, dijo al explicar que en los últimos años ha crecido la judicialización de actos del poder público.
De igual forma, destacó su doble rol en la alta corte porque además de fungir como juez de la sala antes mencionada, también desempeñó funciones como juez de instrucción especial para casos penales en la Suprema; fue apoderado de 19 casos bajo esa figura.
Destacó que la decisión de asignarlo como juez de instrucción especial obedeció a que la alta corte decidió conservar la matrícula de la Segunda Sala penal, a fin de que todos sus miembros conozca de los procesos que les apoderan, y que todas sus decisiones fueron ratificas por la Segunda Sala y por el Tribunal Constitucional, en los casos que fueron apoderados.
Sobre la evaluación
La evaluación, que se realiza cada siete años, busca medir no solo la productividad jurisdiccional, sino también la integridad, independencia y la reputación de los magistrados. El reglamento fija indicadores técnicos –como la cantidad de sentencias emitidas, criterios éticos y personales, entre ellos la disciplina, puntualidad y la producción académica.
