Arismendi Díaz Santana
El sometimiento en la próxima semana de una reforma del Código de Trabajo evidencia la voluntad política del presidente Luis Abinader de actualizar y modernizar las relaciones obrero-patronales. Una necesidad nacional desde hace décadas, habida cuenta de los cambios en la productividad de la fuerza de trabajo y del surgimiento del teletrabajo.
Esta reforma persigue fortalecer los derechos de los trabajadores y los empleadores, aumentar la generación de empleos, elevar la productividad y la competitividad, y fortalecer la paz laboral. También reducir la judicialización laboral, las acciones temerarias y los embargos injustificados.
El proyecto consensuado agrega un día más de licencia de paternidad y otro de vacaciones a cargo de la empresa, lo que se traduce en casi 3 semanas. En adición, incluye el teletrabajo y consagra los derechos de las trabajadoras del hogar, formalizando su afiliación y cotización a la seguridad social.
Existe una complementación armónica entre el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social. Mientras el primero establece las reglas que definen el contenido y el monto general de los salarios, la segunda garantiza el acceso regular al cuidado de la salud, a la protección contra los riesgos laborales y a un retiro digno. Por tales razones, ambos deben ser actualizados simultáneamente para potenciar su retroalimentación.
En el 1992 el Código de Trabajo actual sustituyó al antiguo y obsoleto Código Trujillo de Trabajo, aprobado en el 1952, bajo la férrea dictadura del “perínclito barón de San Cristóbal, como se hizo llamar Rafael Leónidas Trujillo Molina, como parte de su incesante megalomanía y endiosamiento durante la llamada “Erad de Trujillo”.
La necesidad de esta reforma data del 2013, cuando se creó una comisión especial para su revisión y actualización, cuyos resultados no fueron remitidos al Poder Legislativo. Su contenido controversial determinó una lenta negociación y acuerdos para su reforma, al igual que ocurre con la ley de Seguridad Social.
Cuatro años más tarde, en 2017, el tema fue replanteado en un diálogo tripartita, sólo concluyendo que la reforma laboral es una necesidad impostergable para mejorar las condiciones de trabajo y actualizar los mecanismos de relación entre los trabajadores y sus empleadores.
Se mantienen las diferencias sobre el tema de la cesantía laboral
El empeño del Lic. Luis Miguel De Camps aseguró la participación de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD). Y, también del sector empleador: COPARDOM, ASONAHORES, ONEC, CONEP, ACIS, AIRD, CODOPYME, ANJE y ADOZONA.
Es muy lamentable la falta de consenso sobre la cesantía laboral, sin dudas un tema crucial, íntimamente vinculado a la Seguridad Social. A partir de la Ley de Seguridad Social los empresarios han propuesto un tope a la cesantía para reducir la parte que representa el ahorro del trabajador, señalando que no se trata de eliminarla por completo.
Por su parte, los dirigentes sindicales insisten en que la cesantía constituye una conquista social innegociable. Abrigamos la esperanza de que dentro de un tiempo razonable este tema sea replanteado y se llegue a un acuerdo equilibrado y satisfactorio, respetando los derechos adquiridos y una mayor flexibilidad para los futuros trabajadores.
La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) celebra los avances logrados. Sostenemos el criterio de que la protección integral y el bienestar de los trabajadores dominicanos implica, tanto la reforma del Código laboral como la reforma del sistema de salud y los cambios en la Ley de Seguridad Social para elevar las pensiones y jubilaciones.
