El deseo y justo reclamo de bienestar del pueblo dominicano y la necesidad de preservar y darle sostenibilidad al crecimiento con estabilidad de la economía, marcan un sendero de prioridades bastante claro.
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El Estado dominicano mantiene una pesada e histórica deuda social que se hace creciente, mientras sus arcas reclaman un mayor y sostenido flujo de recursos que le ofrezcan capacidad de respuesta y posibilidad de detener el costoso endeudamiento al que se ve obligado.
El sistema de seguridad social que ha hecho tan importantes aportes a la población, a los trabajadores y a la economía en su conjunto, amerita de puntuales modificaciones para hacerlo mucho más efectivo para todos.
Nos urge adecuar nuestro código laboral para corregir conocidas y nocivas distorsiones y adoptar medidas para responder a cambios puntuales como el trabajo a distancia y horarios, entre otras.
La población reclama medidas para afrontar los retos que sigue planteando el sector eléctrico, como factor fundamental para el desarrollo y el bienestar de la población.
Está claro que nos hace falta revisar y reorientar las reformas iniciadas en Educación y Salud. Y es conocido y escuchado por todos el grito de la población ante el controversial tema de los altos precios en medio de una inflación controlada y el limitado poder adquisitivo, a lo que se agrega el flagelo de la inseguridad ciudadana.
Le corresponde al gobierno, junto al liderazgo político, económico y social afrontar cuanto antes esas prioridades, de cuyas respuestas y resultados dependerá el que el país siga contando con el trípode virtuoso de la estabilidad económica, política y social garante del fortalecimiento del sistema democrático.
