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La violacion  de la Ley de Educación con el despido de directores regionales y designación de docentes sin concurso, marcó una peligrosa ruta en el inicio de la actual gestión del Ministerio de Educación.  

Disponer de multimillonarios recursos para la puesta en marcha de la educación a distancia sin adoptar y aplicar un proceso de evaluación de resultados, le ha sumado innecesarios y riesgosos nubarrones al desempeño de la institución. 

El fracasado proceso de evaluación docente por la filtración y trasiego de las pruebas denunciadas por la Asociación Dominicana de Profesores, encendió las alertas en el Ejecutivo, comprometido con la transparencia como uno de sus principales pilares de gestión.      

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Ahora, 16 de las 20 instituciones designadas como Comisión Nacional Observadora por el superior gobierno para garantizar un proceso diáfano y efectivo de elección de personal docente, renuncia de la misma bajo el argumento de no ser tomadas en cuenta en sus iniciativas y llamados de atención.    

La gestión de Educación  atraviesa por un preocupante  proceso de deterioro en su engranaje institucional, vislumbrando graves secuelas sobre todo el sistema educativo nacional.   

Algo hay que hacer. 

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