Nelson Encarnación Pimentel
Extraña, pero se entiende, que a gente ligada a la comunicación le haya dolido y picado demasiado que la iglesia católica y evangélica coincidan, como en otras ocasiones, en la elaboración de un listado de candidatos a senadores y diputados de varios partidos identificados a favor de la vida y los valores de la familia, para invitar a los feligreses a ejercer el sufragio «a favor de los suyos» en el proceso electoral del 19 de este mes.
Eso ni es nuevo ni es pecado, y quizá la diferencia es que en otras ocasiones lo que se hacia era identificar a los candidatos por los que no se debía votar, por sus posiciones a favor del aborto y de otros temas reñidos con principios y valores de gran arraigo social. Algunos críticos del documento, de 69 páginas, quisieron restarle importancia al mismo, alegando que lo que diga un sacerdote no es la posición de la Iglesia como institución, porque quien tiene potestad para hablar en nombre de esta es la Conferencia del Episcopado Dominicano, a través de sus Cartas Pastorales.
Pero esta es una verdad a medias, porque, justamente, el padre Manuel Ruiz, de la escuela del cardenal López Rodríguez, no es hombre de perderse en lo claro y no iba hacer ni sugerir nada para lo cual no estuviera autorizado.
Y, efectivamente, como secretario de la Comisión de Vida del Episcopado Dominicano, lo primero que hizo con el trabajo en equipo de “ubicación de aliados” fue enviárselo a monseñor Ozoria, quien le diera el “visto bueno” para hacerlo circular entre la feligresía de distintas parroquias, como ha estado ocurriendo. Lo condenable fuera que la iglesia (error ya superado) se involucrara en tareas conspirativas y de golpes de Estado, como ocurrió contra el gobierno de Bosch en el 1963, o que luzca pasiva o “muda” ante las críticas y presiones inmerecidas de organismos internacionales contra el país.
Pero que la iglesia católica y la evangélica no sean indiferentes y aprovechen una coyuntura electoral para, sin sotana ni trajes partidarios, señalar y llamar a votar por aspirantes identificados con los principios y valores que las religiones defienden no está mal; está muy bien, y hay que respetarle un derecho que, por demás, representa un gran aporte a una sociedad digna de mejores representantes en el Congreso y de que haga un alto en su degradación, en todos los órdenes.