Manuel Díaz Aponte
Volvieron a retomar las calles y esta vez, frente a la Puerta del Conde, en el Parque Independencia, donde están nuestros padres de la Patria, Juan Pablo Duarte, Matías Ramon Mella y Francisco del Rosario Sánchez, al demandar justicia contra los corruptos de la gestión de Danilo Medina.
Representantes de la sociedad civil respaldan las acciones del Ministerio Público contra los acusados de robarle al Estado miles de millones de pesos, en los casos Calamar, Medusa y otros.
Han pedido, además, que la Justicia proceda contra los casos de corrupción verificados en los gobiernos del ex presidente Leonel Fernández.
La capacidad investigativa de los jueces del Ministerio Público ha quedado bien fortalecida por la admisión de la mayoría de los inculpados en esas escandalosas acciones corruptivas, y por apresurarse, igualmente a devolver millones de pesos provenientes de esos desfalcos.
¿Seguirán creyendo sus defensores políticos y mediáticos que estamos ante una persecución política en el país como insistentemente propagaban?
Nadie debería regatear a la sociedad civil su enorme esfuerzo, coherencia y papel protagónico en la lucha contra la corrupción registrada en el país en los últimos años, destacándose, preponderantemente, el movimiento Marcha Verde, la Coalición Democrática y Participación Ciudadana.
También, algunos periodistas y medios de comunicación que con sus opiniones han contribuido a generar conciencia entre la sociedad del terrible daño que genera la corrupción administrativa, que impacta contra la calidad de vida de los pobres.
Representantes de la denominada sociedad civil ocupan diversas posiciones en el gobierno del presidente Luis Abinader, y hasta el momento, ninguno puede ser señalado en acciones de corrupción.
Por el contrario, sobresale la labor emprendida por el director general de Presupuesto, José Rijo; el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel; el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, el embajador ante el reinado de España y concurrente en Andorra, Juan Bolívar Díaz, el asesor del Poder Ejecutivo, Radhamés García González y la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito.
No hay que ser un especialista de Harvard para comprender que por causa del robo de los bienes públicos al gobierno se le imposibilita construir más escuelas, hospitales, caminos vecinales, puentes, acueductos, obras viales, generar empleos y aplicar programas para una reforma agraria moderna.
Ello, igualmente, crea más pobreza entre los núcleos vulnerables de la sociedad dominicana y es un factor generador de violencia, asaltos e inseguridad.
Hay que seguir enarbolando la bandera anticorrupción, hasta que la cultura del ladrocinio y del abuso en el manejo de los recursos públicos sea erradicada.
Los escandalosos casos de corrupción administrativa registrados en Antipulpo, Medusa, Coral, Coral 5 G y ahora Calamar han estremecido la conciencia nacional, que sigue expectante y a espera que se aplique justicia.
El sistema democrático dominicano está ante una gran disyuntiva que demanda que el peso de la Ley sea aplicado a todos los sectores, sin distingo racial, social, económico o político.
“Judicialización de la Política”
Ahora, los defensores jurídicos, políticos y mediáticos de los ex funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), acusados de corrupción, buscan desesperadamente justificar esas perversas acciones aduciendo que vivimos una etapa de “judicialización de la política”.
Una canallada de enormes dimensiones porque ciertamente el Ministerio Público está cumpliendo con su sagrada labor de proceder contra aquellos funcionarios corruptos que saquearon al Estado, valiéndose de maniobras fraudulentas inimaginables y que representan un crimen de lesa humanidad por tratarse del dinero salido del sacrificio, sudor y esfuerzo de los contribuyentes.
¿Por qué la cúpula peledeísta no se aboca a reflexionar y disculparse ante el pueblo dominicano por tantos hechos de dolos que se les imputan a sus principales ex funcionarios?
Deberían reflexionar, asimismo, por acciones de bandolerismo de algunos de sus miembros como lo ocurrido en el Palacio de Justicia en Ciudad Nueva, de esta capital.
La justicia no busca “desacreditar” al PLD con miras a que sea descartado como opción de poder en las elecciones del 19 mayo de 2024, no. Por el contrario, lo que se está haciendo es cumplir con el mandato de la Ley ante los voluminosos expedientes de corrupción que se ventilan.
¿Persecución política?
Francisco Javier García, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y ex ministro de Turismo, afirmó que desde el gobierno se utilizan bots con el fin de “desacreditar y destruir” a esa organización.
Sin embargo, el sociólogo Cándido Mercedes al abordar el escandaloso caso Calamar expuso que ese expediente empezó a instrumentarse en septiembre de 2021 y que esa clase política que usa el argumento de “persecución política” asume un discurso de la vieja política que se quedó estancada en el tiempo.
“Eso está mal, es que robaron hasta el latrocinio. Danilo Medina y su gente creían que el Estado dominicano era un ventorrillo de ellos y como tal lo usaron; y creían que en la sociedad dominicana eso se iba a dar en borrón y cuenta nueva, pero la sociedad no luchó para borrón y cuenta nueva, luchó para ver esto que estamos viendo: la lucha entre lo viejo y lo nuevo”, asegura el intelectual y catedrático.
Entre Pulpo y Calamar
De no haber sido por la acción emprendida por representantes de instituciones de la sociedad civil muchos casos de corrupción ventilados en los ámbitos judiciales actualmente no hubiesen trascendido, como ejemplo, la investigación contra la operación Calamar.
De hecho, en el 2020, una denuncia querella depositada por la organización cívica Sed de Justicia ante el Ministerio Público inició la investigación contra el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, lo que ha permitido su apresamiento y sometimiento a la justicia junto a otros 18 imputados.
Aquellas imágenes de miles de ciudadanos que marcharon en Santo Domingo y comunidades del territorio nacional en demanda del cese de la corrupción en la administración pública y el encarcelamiento de los corruptos permanecen en nuestros imaginarios.
Muchos se expusieron, enfrentaron y desafiaron valientemente el poder que buscaba imponer un candidato presidencial a fuerza de papeletas.
El movimiento cívico no partidista expresó su más firme apoyo al trabajo que viene haciendo la Procuraduría General de la República y sus adjuntos, en cumplimiento de la función que le asigna la Constitución de la República de investigar, perseguir y someter a la justicia a toda persona que haya cometido algún delito, incluyendo actos de malversación.
«Nuestra organización nació y tiene cerca de 30 años propugnando por un país libre de corrupción e impunidad. Marchamos y trabajamos todos los días por este noble propósito nacional. Por tanto, hemos celebrado las contundentes investigaciones y fuertes expedientes que se han presentado desde el 2020», dice Participación Ciudadana.
La nueva coordinadora general de la entidad cívica, Nora Elizabeth Sánchez Padilla, ratificó la labor de cara a los comicios presidenciales del 2024.
Dijo, a ese respecto, que “asumir la coordinación general de Participación Ciudadana en este momento es para mí un gran honor por el prestigio y la amplia aprobación de la organización, donde contribuiré al fortalecimiento institucional y continuaré impulsando la lucha contra la corrupción y la impunidad; pero también un gran desafío con un contexto electoral donde nuestra institución ha asumido la responsabilidad de volver a observar las elecciones”.
Pueblo hambriento de justicia
Asimismo, la educadora y activista social María Teresa Cabrera, entiende que “Miriam Germán y el Ministerio Público deben sentir que hay un pueblo hambriento de justicia, que le acompaña en la lucha por adecentar la administración de los bienes públicos. Durante dos años sostenidos nos movilizamos reclamando el fin de la impunidad, ahora debemos hacerlo para garantizar que el proceso iniciado no se detenga”.
Es una aberración y un insulto a la inteligencia del pueblo dominicano la pretensión de dirigentes del PLD de acusar al presidente Luis Abinader de ejercer presión contra el Ministerio Público, así como de señalar que Gonzalo Castillo es un “preso del gobierno”.
Nada de eso, de lo que se trata es que por primera vez en la historia democrática nacional se busca sancionar la corrupción pública, un viejo anhelo de nuestra sociedad.
El cúmulo de información incluido en el expediente de la “operación Calamar”, por el que guardan prisión varios ex funcionarios del gobierno de Danilo Medina, amerita que toda la sociedad permanezca atenta y de seguimiento a este proceso que emprende el Ministerio Público.
Además, de eso, se debe rechazar como en efecto ha ocurrido, el absurdo planteamiento de la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, de buscar una reunión de los principales líderes del país tratando de «imponer» el fatídico borrón y cuenta nueva.
Con ello, se estaría reeditando la perversa práctica de querer que la política guíe la justicia, y de imponer acuerdos de aposentos al margen de la institucionalidad jurídica.
Participación Ciudadana estableció que: “Es justamente contra esa práctica que hemos luchado por décadas, contra los acuerdos de mutua impunidad, explícitos o implícitos en la política dominicana. Por el contrario, la población dominicana está ampliamente satisfecha con las actuaciones de un Ministerio Público independiente y ha depositado sus expectativas en que los jueces actúen también con la objetividad, la inteligencia y el coraje que se requieren para castigar con todo el peso de la ley la corrupción y la impunidad», precisó.
La firme posición asumida por instituciones de la sociedad civil contra el robo de los dineros públicos seguirá predominando y definirá en gran medida la decisión popular con miras a los comicios generales del 2024.
El pueblo sabrá castigar con el voto en las urnas a los corruptos que han llevado a sus arcas personales miles de millones de pesos extraídos del presupuesto nacional.
El adecentamiento administrativo iniciado en el país no tiene ya marcha atrás, porque la sociedad seguirá vigilante y está consciente de que la corrupción deteriora cada vez más su calidad de vida.
