Richard Medina
Como dijimos en un artículo previo, el segmento de distribución y comercialización eléctrica dominicana, en manos de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES), presenta debilidades y retos muy importantes en el mediano y largo plazo. Actualmente, las EDES tienen un déficit financiero proyectado en alrededor de US$1,500 millones para 2022. Este agujero financiero debe ser cubierto por los contribuyentes con sus impuestos vía el subsidio eléctrico, o mediante atrasos en el pago de facturas a generadores eléctricos u otros suplidores.
Analizando el Informe de Desempeño que el Ministerio de Energía y Minas publica mensualmente, vimos que las EDES presentan un alto nivel de pérdidas, ya sea que se comparen a nivel internacional o con ellas mismas en los últimos diez años. Viendo otras particularidades del sector, se observa que las cobranzas han disminuido en 2022.
El índice de cobranzas es el resultado de dividir la cantidad de energía que las EDES cobran entre la cantidad de energía que las EDES facturan; como se ve, el índice de cobranzas es una medida de qué tan eficientes son las EDES cobrando sus facturas, después de haber descontado las pérdidas de electricidad.
En el período enero-octubre de 2022, el índice de cobranzas se encuentran en 91.4%; este nivel es incluso menor que el 92.7% observado en 2020, año en que las EDES no hicieron una gestión proactiva de cobrar la electricidad de marzo a junio debido a los cierres de empresa por pandemia. Para comparar, en 2019, el año previo a la pandemia, el índice de cobranzas de las tres EDES fue de 96.4%.
Si las EDES no pueden facturar casi un tercio de la energía que sirven a sus clientes y, además, dejan de cobrar el 9% de la energía que logran facturan, entonces están cobrando solo el 61.8% de la energía que sirven a sus clientes. Este último indicador es el llamado Índice de Recuperación de la Energía (CRI –Cash Recovery Index), el cual es una medida de la gestión comercial de las EDES. Si las EDES hubiesen tenido un CRI como el que se observó en enero-octubre de 2019 de 70%, su déficit financiero hubiese sido entre US$180 millones y US$210 millones menor. O lo que es lo mismo, el Gobierno dominicano se hubiese ahorrado entre US$180 millones y US$210 millones en transferencias en los primeros diez meses de 2022. Imaginémonos el costo de oportunidad de erogar esos recursos para las EDES: construcción de varios hospitales, o terminación de la circunvalación Baní, o finalización de una parte de las escuelas a medio construir pendientes.
Para tener una idea de la dimensión del problema, habría que ver el nivel de pérdidas para 2022 que establece el Decreto Número 655-21 del Reglamento de Aplicación del Pacto Eléctrico. En este documento, que fija metas para lograr la mejora del sector eléctrico dominicano, implícitamente se desea un CRI de 73.5% para 2022; el dato observado es de 61.8%.
Es justo destacar que no todas las Empresas Distribuidoras tienen el mismo de bajas cobranzas. EDESUR tiene un nivel de cobranza prácticamente similar en enero-octubre 2022 que en igual período de 2019; EDENORTE se mantiene ligeramente por debajo. Sin embargo, EDEESTE cayó a 98% en los primeros diez meses de 2019 a 92.1% en 2021 a 83.3% en 2022.
Parte de la solución para mejorar el índice de cobranzas del segmento de distribución sería entender, a nivel micro, porqué se ha deteriorado tanto el índice de cobranzas en EDEESTE y, en menor medida, en EDENORTE. Si es por una situación del tipo de circuitos que gestiona EDEESTE, es importante analizar qué mejoras tecnológicas se pueden implementar para mejorar la gestión comercial: telemedidores, medidores prepagos, múltiples nodos de control, etc.
Sin embargo, queda el problema de que este tipo de soluciones cuestan dinero. Y la baja inversión en recuperación de circuitos realizada en los últimos dos años es un indicador que el problema continuará en los próximos 18 meses por lo menos. Más importante aún, para implementar estas mejoras tecnológicas en la rehabilitación de circuitos, es necesario realizar procesos de compras públicas que se tardan meses en diseñarse y lanzarse, algo que las actuales administraciones de las EDES no han podido hacer con eficacia. El tiempo apremia para mejorar la gestión comercial. Cada día que pasa implica grandes sacrificios fiscales para los contribuyentes.
