Nelson Encarnación
“A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, se dispone la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas en colmados, discotecas, bares, casinos y centros de diversión, a partir de las doce (12) de la noche, durante los días de domingos a jueves; y a partir de las dos de la madrugada (2:00 a.m.) los días sábado y domingo.
La violación a las disposiciones del presente Decreto podrá dar lugar al cierre temporal o definitivo del establecimiento en que incurra en dicha violación, así como a la cancelación de las licencias o permisos correspondientes, sin perjuicio de cualquier otra sanción establecida en las leyes o reglamentos”. He querido citar los dos primeros artículos del decreto 308-06, expedido por el presidente Leonel Fernández el 24 de julio del año 2006, como un esfuerzo del Gobierno encaminado a enfrentar la delincuencia en todas sus manifestaciones, cuyas acciones ocupaban entonces la atención del país y formaban parte de las principales preocupaciones nacionales.
Esa disposición estuvo en vigencia varios años, al cabo de los cuales se fue relajando hasta dejarla sin efecto durante la administración del presidente Danilo Medina, si bien la delincuencia seguía azotándonos con rudeza.
¿Qué ha cambiado desde la emisión de aquel decreto y las disposiciones adoptadas por Medina en la misma dirección? Nada ha cambiado, a no ser que los delincuentes son hoy más violentos y más desafiantes de la autoridad.
Lo que podemos deducir es que el Estado dominicano ha carecido de una sistematización de sus políticas de combate a la delincuencia en todas sus manifestaciones (ratería simple, asaltos, asesinatos y crímenes de gran calado), y que apenas se adoptan medidas episódicas que solo conducen a la profundización de la problemática. En cada administración se ensaya con medidas que luego se abandonan, mientras la delincuencia sigue escalando. Tal es el caso del lanzamiento del Ejército a patrullar juntamente con la Policía Nacional, disposición que se ha adoptado siempre cuando tiene la seguridad de que el cuerpo policial ha sido desbordado por los actos delictivos.
Sin embargo, esas medidas de emergencia se tienen que abandonar—de manera paulatina, aunque silenciosamente—debido al coste que mantenerla supone para el presupuesto público.
Es decir, que desde hace 30 años hemos venido experimentando con múltiples ideas, incluyendo la muerte de delincuentes, mientras el problema crece, la población se desespera, el Gobierno trata de responder, los maleantes consiguen más armas de fuego y nos retan a todos.
¿Entonces, qué hacer? Es obvio que de todo un poco, especialmente una política integral de seguridad, mano dura, y vigilar a los jueces que dejan en libertad a los delincuentes aun con pruebas.
