Juan López
A propósito de las elecciones presidenciales de Venezuela, programadas para el domingo 28 de julio de 2024, importantes sectores de la comunidad internacional están manifestando serias preocupaciones porque, desde el oficialismo reeleccionista, se están evidenciando importantes acciones y señales políticas que vislumbran al gobierno de Venezuela-Maduro montando una burda réplica de los ilegítimos resultados de las elecciones que, el 21 de noviembre de 2021, se efectuaron bajo la directrices omnímodas del gobierno de Nicaragua-Ortega.
Como se recordará, la septuagenaria mancuerna presidencial Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo logró imponer, después de 27 años en el poder (17 en forma consecutiva), su tercera reelección como gobierno de Nicaragua, para cuyos propósitos fue menester usar todos los recursos del poder, persiguió y apresó a los 7 principales candidatos opositores y también gestionó que el Consejo Supremo Electoral declarara ilegales a los principales partidos de la oposición.
Varios gobiernos de los países de América del Sur (Costa Rica, Argentina, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay, Brasil), la OEA, Unión Europea (UE) y varios organismos internacionales se están expresando en contra de las acciones excluyentes y represivas que están implementando el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el gobierno de PSUV-Maduro contra los partidos de la oposición.
Mientras el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) y aliados inscribieron, sin ningún inconveniente, al presidente Nicolás Maduro para su tercera reelección consecutiva (tiene más de 12 años en el poder, por herencia del presidente Hugo Chávez); a los candidatos presidenciales que han presentado los principales partidos de la oposición a través de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) les han colocado todas las trabas habidas y por haber para que no inscribir sus candidatos.
Aún cuando se habla de la participación de 13 candidatos presidenciales de 37 diferentes partidos, resulta y viene a ser que la mayoría de esos candidatos son puros testaferros y bufones políticos para tratar de legalizar el matadero electoral que están montando el CNE y el gobierno del PSUV- Maduro para el próximo 28 de julio.
Porque son más que evidentes las diversas acciones que se están realizando para excluir a los principales partidos de oposición de las próximas elecciones presidenciales de Venezuela, se impone desatar una intensa y amplia campaña internacional para que en Venezuela se pueda materializar un proceso electoral auténtico, democrático, libre, equitativo y transparente, cuyos resultados representen la verdadera voluntad popular de los venezolanos.
Desde hace años, durante el régimen del PSUV-Maduro en su fanfarronería de socialismo de siglo XXI, la otrora próspera y democrática Venezuela se encuentra sumergida en una complicada crisis económica, social y política: a) Histórica híper-inflación y carestía de importantes productos de la canasta familiar, b) corruptela e impunidad en gran escala, c) abrupta caída del PIB y deterioro creciente de la producción de petróleo, d) represión política, violaciones de los derechos humanos y libertades, y, d) una masiva emigración de venezolanos que sale huyendo de esa pesarosa crisis.
Aún cuando se habla de la participación de 13 candidatos presidenciales de 37 diferentes partidos, resulta y viene a ser que la mayoría de esos candidatos son puros testaferros
Por tales razones, la comunidad internacional, observando esas arbitrarias acciones, exigía que, luego de la inhabilitación de la candidatura de Marina Corina Machado se permitiera la inscripción de Corina Yoris como sustituta en la boleta de la oposición representando a la PUD; lo cual, mediante espurios subterfugios, también se impidió.
Fue a última hora y superando múltiples quisquillas y manipulaciones, el CNE y el gobierno del PSUV-Maduro se vieron compelidos a inscribir a Eduardo González Urrutia como candidato presidencial de la oposición, en representación de PUD.
Urge que ante tantos desaguisados y triquiñuelas politiqueras que está implementando el oficialismo reeleccionista, la comunidad internacional (en especial ONU, UE, OEA) se mantenga vigilante y firme para impedir que el gobierno del PSUV-Maduro imite el proceso que padeció el pueblo nicaragüense como consecuencia de las fraudulentas y arbitrariedades acciones que, para
reelegirse, cometió el gobierno de Nicaragua-Ortega.
El noble pueblo venezolano merece y necesita elegir sus autoridades mediante procesos electorales democráticos, libres, equitativos y transparentes. Hay que levantar un fuerte muro de solidaridad internacional con el pueblo venezolano. ¡Hay que impedir que el gobierno de Venezuela-Maduro se convierta en una réplica de Nicaragua-Ortega!
