La Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional varió la prisión preventiva a los principales imputados en el caso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcor Latam para la red semafórica de Santo Domingo.
El exdirector del Intrant, Hugo Beras; el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi) y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, deberán pagar una fianza de cinco y dos millones de pesos, respectivamente, a través de una compañía aseguradora.
La presidenta de la segunda sala, Isis Muñiz, emitió un voto disidente respecto a variar la prisión a Gómez Canaán por considerar que representa un peligro de fuga para la investigación.
La defensa de los imputados, manifestaron su satisfacción con la decisión y dijeron que los jueces ratificaron lo que ellos han dicho desde el principio: el proceso de investigación puede continuar con ellos en libertad.
En tanto que el director de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, dijo no compartir la decisión pero que la respetan y trabajarán para depositar una acusación que garantice el envío a juicio de los imputados por la denominada Operación Camaleón.
El pasado 10 de octubre, los involucrados en el llamado caso Intrant fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres de San Cristóbal con 18 meses de prisión preventiva por supuestamente ejecutar de forma fraudulenta el contrato de 1,317 millones de pesos para instalar la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Gómez, Beras y Padovani son señalados por el Ministerio Público de pertenecer a una supuesta red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje y terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
Las presuntas irregularidades en la licitación giran en torno al contrato para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo, el cual fue adjudicado a la empresa Transcore Latam, de Jochi Gómez.
También cumplen coerción por este caso: Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas.
avanzadas para estos actos ilícitos.
De acuerdo con la acusación, Jochi Gómez fue uno de los mayores beneficiarios económicos del esquema. Su empresa Aurix S.A.S., junto con Transcore Latam S.R.L. y Dekolor S.R.L., utilizada para desviar fondos y lavar activos.
