Enerolisa Cabral
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Santo Domingo. — El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, lanzó una fuerte advertencia pública al revelar cifras alarmantes sobre el incremento de muertes atribuidas a la Policía Nacional en los últimos tres años.
El funcionario recordó que, tras ocho años de descensos consecutivos (2015–2022), este repunte constituye “una alerta ética y democrática que nos obliga a repensar el rumbo de la seguridad ciudadana”.
Ulloa subrayó que la tasa dominicana supera ampliamente la de países de la región como Chile, Costa Rica o Uruguay, que registran niveles inferiores a 0,5 por 100,000, y se acerca a la realidad de Brasil y México, constantemente señalados por organismos internacionales por uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales.
En su reflexión, el Defensor del Pueblo enfatizó que la Constitución dominicana es clara: “la vida es inviolable (art. 37) y la dignidad humana constituye el fundamento del orden jurídico y de la convivencia pacífica (art. 38). Ninguna autoridad, bajo ninguna circunstancia, puede disponer de la vida de un ciudadano fuera de la ley”.
Asimismo, recordó que la República Dominicana está sujeta a compromisos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 6) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 4), que obligan al Estado a proteger la vida, abstenerse de ejecuciones arbitrarias y, además, prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación.
Finalmente, Ulloa afirmó que la seguridad ciudadana solo puede ser legítima si respeta los derechos humanos:
