Diana Rodríguez/Luis Silva
La catástrofe en San Cristóbal desnuda la debilidad en la regulación de ciertos comercios, recuerda las deudas pendientes con los cuerpos de bomberos y evidencia la necesidad de ampliar y reforzar las unidades de quemados en el territorio.
La explosión que cobró la vida de 27 personas y dejó 59 personas heridas devela una vez más la falta de supervisión y control en las normativas que regulan el uso de suelo y de negocios que manejan materiales inflamables y sustancias altamente peligrosas. Hasta ayer no había un informe oficial de la causa que generó la detonación registrada en una zona comercial, entre las calle Dr. Brioso y Padre Ayala, en Villa Valdez, de la populosa ciudad.
Lo que sí se sabe, por boca del jefe de Estado, Luis Abinader, es que la explosión tuvo un efecto dominó por ser una zona industrial donde operaban fábricas de plásticos, colchones, con la presencia de materiales inflamables. Y precisamente ese elemento hizo más difícil la angustiante búsqueda. Consultado al respecto, el urbanista Marcos Barinas sostuvo que la tragedia ocurre en el mismo centro del área más formal de esa ciudad. Recordó que profesionales, funcionarios y la sociedad civil organizada hace mucho viene requiriendo un plan de ordenamiento para San Cristóbal.
“Pero los fondos, verdaderamente mínimos, no aparecen para esto, mientras, si aparecen más de 400 millones de pesos para la construcción de un parqueo municipal. Esto indica donde están las prioridades de la clase dirigente. No parecen estar en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, planificando un futuro de menor riesgo”, fustigó.
En calidad de planificador urbano, identificó como un grave problema que enfrentan los municipios el alto grado de informalidad en el uso de suelo y en la construcción. “Muy pocos ayuntamientos del país manejan algún tipo de normativa de uso de suelo o edificatoria. Por lo tanto tener controles y supervisión de cualquier tipo se dificulta”, explicó.
De ahí la necesidad de generar los estudios y levantamientos de uso de suelo que faciliten la creación de estas normativas, dijo. Sin embargo, destacó que existen instrumentos muy precisos que regulan las industrias que manejan combustibles, sean éstas de expendio, producción o que simplemente los almacenen.
En tal sentido, citó la Ley de Hidrocarburos 12-00, que reglamenta la distancia que este tipo de establecimientos deben tener. Destacó que con la nueva Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, finalmente, se crea un instrumento que define cuáles industrias son nocivas o peligrosas y declara cuáles no pueden estar en entornos habitados. Esta ley también establece que estos establecimientos pueden ser desalojados forzosamente y que se les puede quitar la asignación de suelo industrial.
Sin embargo, la referida ley, promulgada el 22 de diciembre del 2022, aún no tiene un reglamento que la haga operativa.
La deuda con unidades de quemados
Una víctima de una tragedia como la de San Cristóbal necesita de manera inmediata servicios de salud especializados para superar las lesiones, para eso están las unidades de quemados, pero en el país solo hay una para adultos y dos para infantes, de las cuales una no está funcionando. La más reconocida es la Pearl F. Ort de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, pero ya tiene 10 años instalada en el hospital traumatológico doctor Ney Arias Lora, por la reconstrucción del complejo hospitalario al que pertenece. Pese a iniciar en la primera gestión de Gobierno del expresidente Danilo Medina, todavía no está terminada.
Para el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, es una lástima que dicha unidad siga funcionando en el centro asistencial situado en Villa Mella, donde aseguró que cada día que pasa pierde la capacidad para prestar servicios adecuados a la población. “Tiene 10 camas y está en virtual estado de colapso, goteando por donde quiera y no tiene emergencia aislada”, afirmó el gremialista que en rueda de prensa recordó que la habilitación del área en el hospital de especialidad traumatológica debía ser efímera.
La unidad de quemados Pearl F. Ort recibió ocho personas que estaban alrededor del lugar donde se produjo la explosión la tarde del lunes en San Cristóbal, con edades de 29 a 67 años y con un rango de quemaduras en superficie corporal entre un 40 y 13 por ciento.
La unidad de quemados del hospital infantil Arturo Grullón de Santiago, actualmente es la única disponible con los equipos que demandan los pacientes con quemaduras en la piel para asistir a niños, ya que la del Robert Reid Cabral está cerrada por construcción y se estima que vuelva abrir para el final del segundo trimestre del año 2024. Así lo informó el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, al participar en la inauguración de la nueva emergencia del centro en abril pasado. De su lado, la Sociedad Dominicana de Pediatría se ofreció a mejorar la capacitación sobre el manejo de quemaduras y los traslados de pacientes, tras la explosión que a juicio de la presidenta del organismo, Rosa Acevedo, reactivó la necesidad de formación y socorro rápido para el cuerpo de salud pediátrico.
