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TC y TSE se comprometen a fortalecer la justicia constitucional y electoral El Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Superior Electoral (TSE) firmaron un acuerdo marco de cooperación interinstitucional, cuyo objetivo principal es establecer las bases que permitan colaborar de manera recíproca al fortalecimiento de la justicia constitucional y electoral, el control de convencionalidad, la protección de los derechos humanos y cualquier otra actividad en beneficio de ambos sistemas jurisdiccionales. Ambas partes decidieron cumplir con esas metas, a través de la ejecución de actividades comunes que contribuyan con el fortalecimiento de los conocimientos de los jueces y servidores de dichas instituciones. El acuerdo fue firmado por los presidentes de ambas entidades, magistrados Napoleón R. Estévez Lavandier e Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo. Como parte del convenio, las partes promoverán el intercambio interinstitucional entre sus jueces y servidores, a través de programas de entrenamiento, capacitación, conferencias, seminarios, talleres, pasantías, jornadas de estudio, formación y calificación técnico profesional, con la finalidad de brindarles conocimientos detallados de sus estructuras, procedimientos y competencias. También se comprometen a mantener una comunicación directa para fortalecer la cooperación mutua, organizar actividades de capacitación, como conferencias, seminarios, talleres y otros encuentros e intercambiar las informaciones que generen ambos órganos, como publicaciones, jurisprudencias, estudios, estadísticas, entre otras. Además, promoverán la realización conjunta de investigaciones y estudios que contribuyan a la generación y optimización de los conocimientos de los jueces y de los servidores de ambas dependencias. En la actividad, realizada en las instalaciones del TC, estuvieron presentes el magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega; la secretaria de esta corte, Grace Ventura Rondón; Christian Cuello, director general técnico; Heidy Berroa, directora de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales; Monserrat Pérez Rodríguez, directora del Despacho de Presidencia, y Wilmer Espinosa, director jurídico. Acerca de las instituciones firmantes El Tribunal Constitucional (TC) es el órgano constitucional garante de la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, de conformidad con el artículo 184 y siguientes de la Constitución dominicana. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 35 de la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, sobre la promoción de estudios constitucionales, el TC podrá apoyarse en las universidades, centros técnicos y academias de investigación, así como promover iniciativas de estudios relativas al derecho constitucional y a los derechos fundamentales. La Ley Orgánica 29-11 establece que el Tribunal Superior Electoral (TSE) es un órgano constitucional de carácter autónomo, con personalidad jurídica e independencia funcional, administrativa, presupuestaria y financiera. Se resalta que el TSE constituye una entidad de derecho público, con capacidad para realizar todos los actos jurídicos que fueren útiles para el cumplimiento de sus fines, en la forma y en las condiciones que la Constitución, las leyes y sus reglamentos determinen. Tanto el TC como el TSE son entidades reconocidas legalmente por el ordenamiento jurídico dominicano. Su capacidad y su autonomía permiten que se desenvuelvan en el ámbito jurídico con plena legitimidad y responsabilidad.

El Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Superior Electoral (TSE) firmaron un acuerdo marco de cooperación interinstitucional, cuyo objetivo principal es establecer las bases que permitan colaborar de manera recíproca al fortalecimiento de la justicia constitucional y electoral, el control de convencionalidad, la protección de los derechos humanos y cualquier otra actividad en beneficio de ambos sistemas jurisdiccionales.

Ambas partes decidieron cumplir con esas metas, a través de la ejecución de actividades comunes que contribuyan con el fortalecimiento de los conocimientos de los jueces y servidores de dichas instituciones.

El acuerdo fue firmado por los presidentes de ambas entidades, magistrados Napoleón R. Estévez Lavandier e Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo.

Como parte del convenio, las partes promoverán el intercambio interinstitucional entre sus jueces y servidores, a través de programas de entrenamiento, capacitación, conferencias, seminarios, talleres, pasantías, jornadas de estudio, formación y calificación técnico profesional, con la finalidad de brindarles conocimientos detallados de sus estructuras, procedimientos y competencias.

También se comprometen a mantener una comunicación directa para fortalecer la cooperación mutua, organizar actividades de capacitación, como conferencias, seminarios, talleres y otros encuentros e intercambiar las informaciones que generen ambos órganos, como publicaciones, jurisprudencias, estudios, estadísticas, entre otras.

 

Además, promoverán la realización conjunta de investigaciones y estudios que contribuyan a la generación y optimización de los conocimientos de los jueces y de los servidores de ambas dependencias.

En la actividad, realizada en las instalaciones del TC, estuvieron presentes el magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega; la secretaria de esta corte, Grace Ventura Rondón; Christian Cuello, director general técnico; Heidy Berroa, directora de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales; Monserrat Pérez Rodríguez, directora del Despacho de Presidencia, y Wilmer Espinosa, director jurídico.

Acerca de las instituciones firmantes

El Tribunal Constitucional (TC) es el órgano constitucional garante de la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, de conformidad con el artículo 184 y siguientes de la Constitución dominicana.

En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 35 de la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, sobre la promoción de estudios constitucionales, el TC podrá apoyarse en las universidades, centros técnicos y academias de investigación, así como promover iniciativas de estudios relativas al derecho constitucional y a los derechos fundamentales.

 

 

La Ley Orgánica 29-11 establece que el Tribunal Superior Electoral (TSE) es un órgano constitucional de carácter autónomo, con personalidad jurídica e independencia funcional, administrativa, presupuestaria y financiera.

 

 

 

Se resalta que el TSE constituye una entidad de derecho público, con capacidad para realizar todos los actos jurídicos que fueren útiles para el cumplimiento de sus fines, en la forma y en las condiciones que la Constitución, las leyes y sus reglamentos determinen.

Tanto el TC como el TSE son entidades reconocidas legalmente por el ordenamiento jurídico dominicano. Su capacidad y su autonomía permiten que se desenvuelvan en el ámbito jurídico con plena legitimidad y responsabilidad.

 

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