Tarjeta de Vacunación Covid-19

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Por María Hernández

La ciudadanía se mantiene a la expectativa ante el anuncio del gobierno y de las autoridades de Salud Pública de que a partir del próximo lunes se les exigirá la tarjeta de vacunación contra la Covid-19 a toda la población al momento de utilizar algún tipo de transporte masivo como los autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses  (OMSA), el Metro y el teleférico ni podrán entrar a plazas, restaurantes, bancos, supermercados, entre otros.

En el caso de los medios masivos de transporte públicos y privados se armaría un verdadero caos y pérdida de tiempo, largas filas, aglomeraciones de gente, que se producirían deteniendo a las personas a la entrada de esos medios y devolviéndola; dejándola desamparada en las calles porque olvidó su tarjeta de vacunación o simplemente no la tiene. Diariamente más de un millón de personas utiliza alguno de estos medios de transporte en nuestro país.

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Lo que se quiere es que se vacune el mayor número de personas y se debe pensar en la gran cantidad de migrantes haitianos y de otras nacionalidades que quisieran vacunarse pero no han podido regularizar su situación en el país ni saben cuándo podrían ponerse al día con sus documentos y esa es la razón que presentan para no vacunarse. Debe permitirse la vacunación a las personas con otro documento de identidad que no sea la cédula que puede ser el acta de nacimiento, el pasaporte y en algunos casos especiales la sola recomendación de alguna autoridad de la zona, un sacerdote, un pastor, un presidente de Junta de Vecinos, y otros. No son unas elecciones, es la vacunación a la que debe tener acceso todo el que esté vivo y que resida en nuestro país legal o no, sin que eso se convierta luego en una forma de perseguir a los que se determine no cuentan con documentos o están prestos a conseguirlos.

Es una medida restrictiva dentro del protocolo por el coronavirus  que viene a sustituir, en parte, el Toque de Queda que ha quedado sin efecto desde hace varios días, pero que muchas personas rechazan, otros la apoyan, aunque hay expertos en el tema que se aprestan a llevar el caso ante el Tribunal Superior Administrativo.

Si nos remontamos a los tiempos de la Tiranía de Rafael Leónidas Trujillo, en nuestro país, la historia recuerda las vicisitudes que pasó la población donde los ciudadanos tenían que llevar en sus bolsillos algo denominado como los Tres Golpes: La Cédula, la Palmita que era el Carnet del Partido Dominicano y el Carnet del Servicio Militar Obligatorio. Son tiempos que ya hemos superado como nación.

El momento actual es diferente porque todos estamos conscientes del incremento   que han tenido en la República Dominicana los casos de Covid-19 que este 13 de octubre 2021 suman los 4,077 decesos y los casos confirmados de contagios ascienden 367,379.

Sin embargo, no podemos compararnos con países como Filipinas que están viviendo una dictadura y en donde la vacunación es obligatoria a tal punto que las autoridades tienen permiso para entrar a las casas de los que saben no se han vacunado, mientras duermen y colocarle la vacuna. Vivimos en una democracia y cada acción que intente violar los derechos humanos debe ser tomada en consideración y ser analizada incluso con diferentes sectores nacionales dentro de los que se encuentran los legisladores, las organizaciones políticas, sindicatos de choferes, de trabajadores, empresarios y de otra índole que trabajan con un gran conglomerado de personas y a los que pueden orientar en cuanto a la urgencia que hay para que la mayoría de la población esté vacunada.

También se habla de la colocación de una tercera o cuarta dosis de vacuna. Eso debe ser opcional. No se le debe negar la vacuna a nadie, pero se debe insistir en la población aún sin vacunar, pero sin represión ni coerción de ningún tipo.

La Constitución de la República Dominicana garantiza en la Sección 1 de Los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 37, el Derecho a la Vida, que es lo primero, en el artículo 38, la Dignidad Humana, en el Artículo 39, el Derecho a la Igualdad, en el artículo 40 el Derecho a la Libertad y Seguridad Personal, en el artículo 43 el Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad, en el artículo 44 el Derecho a la Intimidad y El Honor Personal, en el artículo 46 la  Libertad de Tránsito, en el artículo 47, Libertad de Asociación, en el artículo 48, Libertad de Reunión. Todos esos artículos de nuestra Carta Magna se violentarían, según los expertos, de ponerse en vigencia la medida que exige la tarjeta de vacunación, de manera obligatoria a los ciudadanos, entre otros artículos que también se violarían.

Para solo desarrollar, de manera breve,  uno de estos artículos de la Constitución, el 38 que es el relativo a la Dignidad Humana señala que “El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”, detalla la Carta Sustantiva de la nación.

De su lado, las autoridades afirman que la falsificación tanto de las tarjetas de vacunación como de las pruebas PCR será penalizada con la prisión de hasta 10 años, como lo establece el Código Penal Dominicano en su artículo 147. Estas tarjetas de vacunación con dos dosis se pedirá al asistir a lugares públicos, empresas y a los centros educativos y en los medios de transporte masivos.

La resolución MSP 000048 que emitió el pasado viernes el Ministerio de Salud Pública, contiene las medidas que ha dispuesto la entidad de salud, luego del levantamiento del estado de emergencia con las que se pretende evitar que se propague el Covid-19.

Mientras, esta semana abogados interpusieron un recurso constitucional de amparo elevado ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en donde se pide la nulidad de esa resolución de fecha 8 de octubre.

Este miércoles la juez presidente de la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, magistrada Luisa del Carmen Canaán autorizó la citación del presidente de la República, Luis Abinader, al ministro de Salud Pública, Daniel Rivera y a la Procuraduría General Administrativa para comparecer a la audiencia del conocimiento de la acción de amparo contra la resolución en la que se establece la obligatoriedad del uso de la tarjeta de vacunación.

Se debe incentivar a la población a vacunarse, y el anuncio de la exigencia de la tarjeta de vacunación ha aumentado la presencia de las personas a los centros de vacunación, pero por ninguna circunstancia debe hacerse, de forma obligatoria, mientras vivamos en una democracia, que ha perdurado por décadas y que debemos preservarla sobre todas las cosas. De acuerdo a Salud Pública el 62% de la población tiene su primera dosis y el 39 % ya tiene su segunda dosis. Más de 6 millones de personas tienen su primera dosis, más de 5 millones tienen la segunda dosis y más de un millón tiene una tercera dosis.