Santo Domingo, D.N. El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Surun Hernández, garantizó el uso eficiente y transparente de los recursos del gremio y destacó que su gestión ha sido auditada en siete ocasiones por firmas auditoras privadas de gran renombre.
Surun Hernández indicó que todas las auditorías reflejaron un manejo correcto y transparente de los recursos del gremio y que todos los estados contables de ingresos, egresos y gastos en general están colocados en la página institucional del Colegio de Abogados, acción que no era frecuente en anteriores administraciones.
El gremialista dijo que está abierto a cualquier investigación y denunció una campaña de descrédito en su contra organizada por sectores de poder y ejecutada por abogados que no tienen calidad moral, ni pruebas para acusarlo.
” Los dos querellantes en mi contra, los juristas Gregory Castellanos y Mario Fulcar fueron sancionados conjuntamente con Johny de la Rosa, acusados de sobornar a jueces, en un proceso remitido por el Consejo del Poder Judicial al Tribunal Disciplinario del Card, con documentos y una comprometedora grabación donde dichos juristas tratan la entrega de dinero para jueces y dicha grabación se la entregamos a la prensa”, expresó el presidente del Card.
Respuesta de acusaciones
Miguel Surun Hernández explicó que la primera denuncia en su contra es del uso 119 millones de pesos, supuestamente sacados del CARD, para la compra de 5 solares en Higuey, donde será construido el Aeropuerto Internacional de Bavaro, propiedad del empresario Abraham Hazoury Toral.
“Le explico a la opinión pública y al país que yo como abogado experto en materia penal y comercial constituí la empresa o sociedad de carpeta CVC ONE, INC., la misma fue vendida en 10 mil dólares al empresario Abraham Hazoury en su totalidad, y luego dicho empresario compró los cinco terrenos en Higüey por el monto antes descrito, por lo que esta primera denuncia es falsa”,indicó el gremialista.
La segunda denuncia se refiere al supuesto mal manejo de 300 millones de pesos a través de cursos, talleres, diplomados y maestrías impartidos por la Escuela Nacional del Abogado, pero resulta que es dicha entidad a través de su director, que organiza dicha formación, y autoriza los pagos correspondientes, director que no es nombrado por el Presidente del CARD, sino por un Consejo Académico, del que es parte del Ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología, el Poder Judicial y el Decano de la UASD, donde el CARD se encuentra en minoría.
Agregó que la Escuela Nacional del Abogado es una entidad autónoma en virtud del artículo 27 de la Ley 3-19 del Card, cuyo trabajo de formación es visible y se puede verificar con la entrega de más de 300 mil certificados de formación, con la realización de más de 3,000 cursos de habilitación y cientos de maestrías gratuitas en favor de abogados y abogadas del país.
Y la tercera acusación fue sobre un supuesto manejo inadecuado del Tribunal Disciplinario del Card, el cual se maneja de manera independiente, con sus miembros y actúa de manera justa y equitativa en base a las pruebas.
Sobre su patrimonio
El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surun Hernández, entregó autorización a tres personalidades para que confirmen su patrimonio.
“En el día de hoy procedemos a entregar una acto notarial a tres personalidades, entre las cuales se encuentra el Dr. RICARDO NIEVES, para que investiguen todo patrimonio, cuentas bancarias, inmuebles, acciones, incluyendo a nombre de mis padres, mis hijos, hermanos, amigos, relacionados; Tanto local o internacionalmente, que si encuentran un pincho no declarado, lo cedo a quien lo encuentre o al Estado Dominicano”, expresó el abogado.
El presidente del Card agregó “lo que si encontraran son deudas, pues durante mi presidencia, mi patrimonio se ha reducido en más de un 75%, por la falta de tiempo a mi oficina de abogados; es lamentable que delincuentes y corruptos afecten con dinero sucio la imagen de quien si ha entregado todo por las buenas causas, a quien colocó al Colegio de Abogados en el mapa institucional de la República, donde
