La Fundación Primero Justicia, representada por el abogado Miguel Surún Hernández, sometió recurso contencioso administrativo contra la autorización, hecha por Compras y Contrataciones y la Contraloría General, de la circular del 3 de febrero del 2022, que instaura la “Gestión Integral y Oportuna de los Procedimientos de Contratación de Alquileres y Arrendamientos de Bienes Inmuebles en el Sistema de Contrataciones Públicas y Registro de Contratos”.
Surún Hernández sostienen que, en virtud de esa circular, entidades del Estado dominicano han suscrito contratos controversiales por miles de millones de pesos, como supuestamente es el caso de la Dirección General de Pasaportes y de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC).
En ese sentido, argumenta que el director de la OGTIC, Bartolomé Pujals, ha suscrito contratos por más de RD$2,400,000,000, “en franca violación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado, que de conformidad con el articulo 138 de la Constitución deben normar las contrataciones públicas”.
