Margarita Cedeño
En cualquier sociedad democrática el derecho a la protesta es un pilar fundamental. Es un mecanismo esencial que le permite a la ciudadanía manifestar sus inquietudes, exigencias, demandas y aspiraciones, dentro de los cánones que establece el texto constitucional y las leyes complementarias.
La historia no ha conocido ninguna sociedad que pueda considerarse verdaderamente democrática donde no existan las libertades de expresión, reunión y asociación, todas ellas reconocidas y protegidas en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos y que son la base sobre la que se sustenta el derecho a protestar.
Sin embargo, el ejercicio de este derecho conlleva responsabilidades que no son exclusivas del Estado y del Gobierno, son también de los protestantes, que al ejercer su derecho se comprometen a cumplir con lo que establece la misma Constitución, que en todo momento se refiere al ejercicio de las libertades con fines lícitos y pacíficos. En consecuencia, los participantes en una protesta deben asegurarse de que sus acciones respeten el orden público, evitando incurrir en actos de violencia o vandalismo que puedan deslegitimar sus reivindicaciones y poner en riesgo la seguridad de terceros.
El Estado, por su parte, tiene la obligación de respetar, proteger y facilitar el derecho a la protesta pacífica, lo que implica no sólo abstenerse de interferir arbitrariamente en las manifestaciones, sino también garantizar que se desarrollen en un entorno seguro, asegurando que las voces de los ciudadanos sean escuchadas sin temor a represalias. El uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, la criminalización de los manifestantes y la implementación de normativas restrictivas atentan contra los principios democráticos y vulneran los derechos fundamentales de la población.
Lo cierto es que hay una delgada línea que separa los actos legítimos de una protesta de los actos que pudieran ser considerados como vandálicos, sobre todo porque hay una alta desconfianza hacia los organismos de seguridad, que muchas veces se equivocan por la falta de comunicación. Por eso, es esencial que exista un equilibrio entre el mantenimiento del orden público y el respeto a las libertades civiles, que las autoridades actúen con proporcionalidad y transparencia, estableciendo canales de diálogo y mediación que permitan atender las demandas ciudadanas sin recurrir a la represión.
Asimismo, la sociedad debe estar vigilante y exigir que las instituciones actúen conforme a los principios democráticos, garantizando que el derecho a la protesta no sea erosionado bajo pretextos de seguridad o estabilidad.
La protesta es una herramienta legítima y necesaria en una democracia saludable. Su ejercicio efectivo requiere de una responsabilidad compartida entre los ciudadanos que deben actuar de manera pacífica y respetuosa, mientras el Estado asegura que este derecho se ejerza plenamente, sin restricciones indebidas y con el compromiso de proteger y escuchar a su población.
