El Pleno de senadores aprobó este martes a unanimidad y convirtió en leyes los proyectos para la Administración de Bienes Secuestrados, Incautados y Abandonados en los Procesos Penales y, en los Juicios de Extinción de Dominio; y otro que tipifica el robo de ganado.
También los senadores aprobaron y convirtieron en ley el proyecto que sanciona el delito de Abigeato que tipifica y sanciona la sustracción o robo de ganado mayor o menor, vivo, sacrificado o descuartizado en la República Dominicana.
La primera iniciativa crea el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide), provisto de personalidad jurídica, con autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrito al Ministerio de Hacienda, como órgano responsable de la administración y destino de los bienes.
La pieza legislativa cuenta con 102 artículos y establece un sistema de administración, control, mantenimiento de los bienes que sean incautados, secuestrados o abandonados en el curso de un proceso penal o de extinción de dominio, respetando siempre el debido proceso, así como su destino final en los casos en que se disponga su decomiso o se declare la extinción de dominio mediante sentencia definitiva.
El proyecto fue aprobado en primera sesión la semana pasada y se dejó sobre la mesa al aplazar su lectura en el artículo 40.
El proyecto lo presentó al Congreso Nacional el Poder Ejecutivo y al perimir, fue reintroducido por los senadores Félix Bautista (San Juan-FP), Pedro Catrain (Samaná-PRM) y Ramón Rogelio Genao (La Vega-PRSC).
La iniciativa, tras volver a perimir, lo reintrodujeron los diputados Tobías Crespo, Rafael Castillo, Plutarco Pérez, Miguel Alberto Bogaert Marra, Rogelio Alfonso Genao Lanza y Napoleón López Rodríguez, de donde procede el proyecto de ley.
El Incabide lo conformará un consejo directivo y una dirección ejecutiva, con su sede central en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, y podrá instalar oficinas regionales y provinciales, las cuales actuarán por delegación, de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública.
El consejo directivo lo presidirá el ministro de Hacienda, y estará integrado además por el Procurador general de la República, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide).
Según la iniciativa, el monto obtenido por la venta de bienes se depositará en certificados de depósito en el Banco de Reservas hasta que se dicte una sentencia que determine su destino final.
En los casos en los que una sentencia definitiva ordene la devolución de los bienes incautados o secuestrados, las sumas depositadas por las ventas serán devueltas al propietario junto con todos los intereses generados hasta la fecha.
La pieza establece que los bienes que podrán ser vendidos anticipadamente son los de fácil deterioro y los que tengan un alto costo de mantenimiento.
Otro proyecto aprobado en segunda lectura por los senadores es el proyecto de ley de Protección a la Discapacidad, que tiene la finalidad de promover, proteger y garantizar los derechos fundamentales y la equiparación de oportunidades a todas las personas con discapacidad, el respeto a su individualidad y autonomía personal, su inclusión en la comunidad y la erradicación de toda forma de discriminación.
Convierten en Ley el robo de ganado
El pleno de senadores aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que sanciona el delito de Abigeato en la República Dominicana, propuesto por el diputado Jorge Hugo Cavoli Balbuena.
Esta iniciativa, que tiene 10 artículos, tipifica y sanciona el delito de abigeato, consistente en la sustracción o robo de ganado mayor o menos, vivo, sacrificado o descuartizado en la República Dominicana.
La actividad ganadera es una de las principales actividades económicas de nuestro país y, no solamente necesita ser fomentado, sino que los productores ganaderos no cuentan con seguridad jurídica y protección de sus bienes por parte de las autoridades.
Esta práctica es uno de los perjuicios principales que enfrentan los pequeños, medianos y grandes productores ganaderos de nuestro país, lo cual va en detrimento de su patrimonio y de su progreso como sector, lo cual también genera escasez y carestía de los productos derivados de la ganadería.
