Por Glenn Davis
Hace unos días, viví de cerca una realidad que afecta a miles de familias dominicanas. Un amigo, Pedro Ureña, necesitaba con urgencia varias pintas de sangre debido a un delicado cuadro de salud. En República Dominicana, la sangre no es un derecho garantizado, es un privilegio que se compra al mejor postor.
La odisea comenzó con la búsqueda desesperada de donantes. Sus familiares y amigos hicieron lo que hace cualquier persona en estos casos: acudir a las redes sociales, llamar a conocidos y visitar los bancos de sangre con la esperanza de obtener las unidades necesarias. Pero pronto se toparon con una dura realidad: conseguir sangre en este país es una misión casi imposible si no tienes dinero en los bolsillos.
La primera opción fue la Cruz Roja Dominicana, donde la sangre no se vende, pero sí se requiere el pago de RD$3,500 pesos por pinta, para cubrir los costos de análisis y procesamiento. Un monto que, para muchas familias, sigue siendo inaccesible. Pero si se busca en bancos de sangre privados, el problema es aún peor: los precios oscilan entre RD$8,000 y RD$14,000 pesos por unidad, dependiendo del tipo de sangre.
Aquí surge la pregunta: ¿Por qué las ARS no cubren la sangre como parte de los servicios de salud?
En República Dominicana, las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) no incluyen la sangre en sus coberturas médicas. Esto significa que, aunque una persona tenga un seguro de salud, debe pagar de su bolsillo cada pinta que necesite.
Este es un absurdo en un sistema que, supuestamente, debe garantizar la atención médica integral. No hay justificación alguna para que la sangre, un recurso vital, quede fuera de las coberturas de los seguros.
El Colegio Médico Dominicano (CMD) ha manifestado su intención de exigir que las ARS incluyan la sangre en sus planes de salud, y de concretarse esta iniciativa, sería una medida justa y necesaria que debe contar con el respaldo de toda la población.
Ahora bien, cuál será la respuesta de las ARS ante esta propuesta. ¿Seguirán alegando que “no es viable”, mientras siguen obteniendo millonarias ganancias a costa de los pacientes? ¿O finalmente asumirán su responsabilidad con la salud de los afiliados?
La falta de cobertura en seguros agrava una situación ya de por sí difícil. Los hospitales públicos dependen de la solidaridad de familiares y amigos, lo que convierte cada emergencia médica en una carrera contra el tiempo y el dinero.
Fuera de Santo Domingo y Santiago, el problema es aún más crítico. En muchas provincias, los hospitales no cuentan con bancos de sangre bien equipados, obligando a las familias a trasladarse largas distancias para conseguirla.
Los bancos de sangre privados operan sin una regulación clara, fijando precios que muchas veces rayan en la especulación. Mientras tanto, la sangre sigue siendo un negocio más dentro del deficiente sistema de salud dominicano.
Más allá del tema económico, hay otro problema igual de preocupante: la ausencia de una cultura de donación voluntaria en el país.
Menos del 1% de la población dona sangre regularmente, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda al menos un 2% para garantizar un suministro estable. Esto se debe, en gran parte, a la desconfianza en el sistema y a la falta de campañas efectivas que motiven a los ciudadanos a donar sin esperar una emergencia.
Muchas personas creen en mitos falsos sobre la donación, como que puede debilitar la salud o que la sangre podría ser mal utilizada. Y aunque algunos hospitales y la Cruz Roja realizan jornadas de donación, estas iniciativas son esporádicas y no han logrado cambiar el comportamiento de la población a gran escala.
La historia de Pedro Ureña no es un caso aislado. Es la realidad de miles de dominicanos que, en medio de una emergencia médica, se enfrentan a una segunda tragedia: la imposibilidad de conseguir la sangre que necesitan para seguir viviendo.
Apoyo completamente la iniciativa del Colegio Médico de exigir a las ARS que incluyan la sangre en sus coberturas. Esta es una lucha que nos afecta a todos, la sangre no es un lujo, es un derecho, y ningún dominicano debería morir porque no puede pagarla.
