Carmen Imbert Brugal
Impecables los argumentos, oportunidad para exponer e imponer criterios jurídicos en ocasiones postergados. Las voces éticas ratifican la imponencia e importancia de las leyes en un estado social, democrático y de derecho.
Después de las proclamas de defensa al debido proceso y a la presunción de inocencia, algo deberá cambiar. Quizás la bulla mediática aminore y las imputaciones sin sentencias definitivas se conviertan en difamación e injuria. Ha llegado el momento de la reconvención y el recato, gracias a los diputados y diputadas oficialistas que “con la frente en alto” inscribieron sus candidaturas para competir y lograr un segundo período en el Congreso.
Los requisitos exigidos fueron satisfechos y para completar la pertinencia de sus aspiraciones, el país se enteró que el Ministerio Público no ha tocado las puertas del juez de instrucción especial, designado para conocer la acusación contra los legisladores señalados en casos de lavado de activos, narcotráfico, enriquecimiento ilícito.
La PEPCA logró culminar investigaciones, relacionadas con el funcionariado del pasado gobierno, en tiempo récord. Millares de páginas revelan la propensión al crimen de ministros y familiares del ex presidente de la república. Sin embargo, para el caso de los representantes del primer poder del estado dos años no han permitido completar las investigaciones.
Para avalar la transparencia que adorna al partido de gobierno, la Comisión Nacional de Elecciones-CNEI-exige a los aspirantes firmar dos documentos-Carta Compromiso y Declaración Jurada- antes de inscribir su candidatura. Firmados los documentos vale la palabra empeñada. Es un protocolo tan ingenuo como hermoso.
En la “Carta Compromiso” el aspirante se compromete “ a no hacer uso de recursos económicos procedentes de ciudadanos cuyo patrimonio no esté debidamente transparentado de manera lícita, ni durante el proceso de precampaña ni de campaña si fuese elegido /a.” En la “Declaración Jurada”, autoriza a la CNEI “indagar ante los organismos nacionales e internacionales que trabajan en la persecución y lucha contra el flagelo de la corrupción y el narcotráfico y juran “de manera enfática no estar involucrados en ningún hecho reñido por la ley…”
Las justificaciones están ahí, como adelantó la representación de la sociedad civil siempre presta para trazar la ruta, para apuntalar la línea divisoria entre los buenos y los malos y aplaudir los legajos que resumen las tropelías de los corruptos morados, condenados desde la mención de sus nombres.
No ha sido osadía de los aspirantes, es convicción de la impunidad e inmunidad que los protege y disfrute de la inercia del Ministerio Público. Es fácil presentir el dictamen de la CNEI. La Constitución de la República y las leyes vigentes, permiten a los congresistas competir para permanecer en sus curules.
Ayuda además el manifiesto cívico y la pasividad de la Independencia. Lo demás es cháchara, maledicencia. Saben que pueden porque no hay acusación en su contra, solo el rumor perverso de adversarios. Así está diseñada la cruzada ética, no caben insinuaciones sobre participación y complicidad en casos de narcotráfico o lavado de activos cuando de afines se trata. Prevalecerá la presunción de inocencia, es útil en campaña.
