El Metro de Santo Domingo transita por delicados rieles. La cancelación de personal calificado para la operación de ese vital servicio, a partir de legítimos reclamos laborales, constituye una respuesta oficial excesiva.
Servidores entrenados para ofrecer un servicio eficiente y seguro, como lo han demostrado desde el inicio de las operaciones del Metro, son merecedores de mejor trato.
La decisión de la Presidencia de la República de garantizar una solución al impase, para lo cual sugirió y logró el retorno al trabajo de los operadores y hacer posible un pacto en un plazo de una semana, se diluyó con la respuesta beligerante de Opret.
La dirección del organismo respondió con amenazas, más cancelaciones y acusaciones a todas luces peregrinas, como la de ver en los reclamos y el paro laboral, acciones con ribetes de terrorismo.
El Metro constituye una obra de solución vial y de transporte de extraordinario valor. Una de las conquistas de mayor aprecio en el seno de la población y de la sociedad.
Ni siquiera las propias autoridades son ajenas al deterioro que viene acusando ese servicio, sin encontrar respuesta al reclamo de mantenimiento que amerita.
Si a ese deterioro se le agrega una situación de caos como la que ha provocado este penoso enfrentamiento, con el cambio de personal calificado como una de sus secuelas, los riesgos de una indeseada y terrible eventualidad no se descartan.
Una vez más, el diálogo y la negociación se imponen para el restablecimiento del orden, la eficiencia y la seguridad sin temores en el Metro de Santo Domingo.
Seamos responsables.
