Estamos en tiempo de reformas. Unas de ordenamiento legal mediante la consensuada Estrategia Nacional de Desarrollo y otras reclamadas por una delicada dinámica económica y política mundial que las obligan.
Las circunstancias están marcadas por una administración de gobierno con absoluto control del Congreso Nacional, fruto de la barrida electoral del pasado 19 de mayo, y una oposición en extremo limitada, pero con decidida resistencia a legitimar con su participación en el diálogo propuesto medidas que puedan lesionar a la población, generando elevado costo político.
A esto se suman los riesgos de pérdida de la estabilidad macroeconómica, sometida a las presiones de un Estado severamente lesionado en sus arcas, al lastre del déficit fiscal, al elevado endeudamiento y una creciente y sostenida demanda social.
Todo indica que los niveles de compromiso para afrontar esta prueba han de colocarse por encima del poder absoluto del gobierno, de las múltiples garantías que reclama una oposición en su severo cuestionamiento a la administración y a la ya conocida resistencia de los principales grupos empresariales a sacrificar intereses.
Que la verdad sea dicha. Lo relevante en este tiempo de reformas es avanzar en su impostergable ejecución con sobrado tacto en su forma y contenido.
A final de cuentas, haya o no diálogo, la aplicación de las mismas la responderá de forma clara la población en la medida de sus efectos.
Los protagonistas de estos inquietantes eventos, tienen la última palabra.
