La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI), presentó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) una matriz de evaluación útil para calificar a todos las personas propuestas o postulantes tanto a la Procuraduría General de la República (PGR) como a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Superior Electoral y al Tribunal Constitucional, como una herramienta que podría satisfacer las expectativas adecuadas al perfil de cada cargo.
El baremo propuesto está compuesto por 2 categorías: Desempeño profesional y perspectiva jurídico-administrativa, describiendo en detalle cada uno de ellos y estableciendo una ponderación máxima del 100%, dependiendo de cada caso.
Respecto del desempeño profesional, se sugiere valorar su experiencia, medible mediante indicadores sobre nivel de cargos previos, período del desempeño profesional (público o privado) y su trayectoria jurídica destacada. Asimismo, valorar su formación académica, sus conocimientos en materia de derecho y administración de justicia. Asimismo, su experiencia docente y aportes a la academia.
Los indicadores más importantes que sugiere ROI para un perfil idóneo son los de independencia, imparcialidad y conciencia ética, haciendo énfasis en que el CNM debe garantizar que las personas electas estén al servicio de las personas usuarias del sistema, sin procurar intereses particulares o sectoriales, y que cuenten con reputación correcta, conocida públicamente, como características fundamentales para constituir legitimidad.
Se recuerda que, según las declaraciones de la secretaría del CNM, magistrada Nancy Salcedo, en la sesión celebrada el pasado 14 de febrero, fueron consideradas las observaciones realizadas por ROI al proyecto de reglamento de aplicación de la Ley 1-25 que modifica la Ley No. 138-11 del CNM. Este documento fue sometido a Consulta Pública en su totalidad, a pesar que luego de aprobado el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo informó que sólo se tomarían en consideración las observaciones relativas a las modificaciones producto de la reforma constitucional y legal. La red sugiere reconsiderar esta postura, considerando que el reglamento anterior nunca se aplicó ya que entraba en vigencia en enero de 2024 y, además, tiene mucha oportunidad de adecuación a los principios constitucionales y democráticos.
