Recursos hay, lo que falta es voluntad política

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Por Arismendi Díaz Santana

No responde a la verdad señalar que el SDSS carece de recursos para iniciar la atención primaria en el Régimen Contributivo. Desde hace ocho años, el CNSS ha dispuesto de 4,546.1 millones de pesos del Seguro Familiar de Salud (SFS) Contributivo, para cubrir el costo de la atención médica por accidentes de tránsito, en franca violación de la Ley 87-01.

El su Art. 119 la Ley señala, con toda claridad, que el Seguro Familiar de Salud (SFS) “no comprende los tratamientos derivados de accidentes de tránsito, ni los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, los cuales están cubiertos por la Ley 4117 sobre Seguro Obligatorio de Vehículos de Motor”.

Y el Párrafo I de dicho artículo reza: “Los costos de las atenciones derivadas de accidentes de tránsito serán cargados al seguro de vehículos de motor o en su defecto, al causante responsable del mismo”, mientras el párrafo II le ordena al CNSS estudiar y reglamentar la creación y funcionamiento de un Fondo Nacional de Accidente.  

El legislador dispuso que el costo de la atención médica provocada por accidentes de tránsito sólo sea cubierto por los causahabientes, por sentido de justicia y para reducir su frecuencia. Sin dudas, el incumplimiento de este mandato legal explica, en parte, que seamos los primeros en el mundo en la cantidad de muertes y discapacidades.   

El Boletín Trimestral del CNSS señala que “desde septiembre del 2007 hasta diciembre del 2009 el Gobierno proporcionó al SDSS los recursos para cubrir las atenciones médicas por accidentes de tránsito, las cuales están excluidas de la cobertura del Seguro Familiar de Salud”.

El CNSS penaliza a los trabajadores del Régimen Contributivo

En ese período el gobierno entregó 400 millones de pesos para el FONAMAT, pero al ver que ese costo crece vertiginosamente como indica el cuadro, decidió penalizar a los trabajadores dominicanos cargándole un costo no incluido en el PBS, sacrificando la atención primaria y el aumento de la cobertura de decenas de servicios esenciales.

Dado que “no hay espacio para subir los impuestos”, las autoridades le transfieren el costo de los servicios a la población y a los afiliados de la seguridad social. Del costo total de la atención médica por accidentes de tránsito, sólo ha cubierto el 8.1%, cargándole a los trabajadores el 91.9%, de un daño del cual no son responsables ni de su causa, ni de su solución.

Estos recursos son más que suficientes para implantar el primer nivel de atención, para incluir los servicios esenciales que necesita la población, y para reducir los odiosos copagos. Sólo en este 2019 la sustracción de recursos al SFS Contributivo superará los 1,250 millones de pesos, mientras crecen la inconformidad y el gasto de bolsillo.  

Con esta decisión a todas luces ilegal, las autoridades matan dos palomas de un tiro: no le cargan ese costo a los propietarios de vehículos de motor, ni tampoco se responsabilizan de esa indecisión, cargándoselo al pobre afiliado, ya agobiado por los excesivos copagos y la falta de cobertura de servicios básicos.

Los pensionados y jubilados son el otro sector penalizado. Las autoridades retardaron su afiliación a un seguro médico, mientras desvían esos recursos hacia áreas prohibidas por la Ley. A pesar de las bajas pensiones y de su congelación, para ingresar al seguro médico se les impuso un descuento del 6%, el doble del aporte de los trabajadores activos, lo que constituye otra distorsión en contra de los envejecientes.  

Por todo lo anterior, no nos queda otra salida que demandar el cumplimiento estricto de la Ley 87-01 en cuanto al FONAMAT, una mayor transparencia en el uso de los recursos, el inicio de la atención primaria para todos, y una reducción sensible del gasto de bolsillo.