Alberto Quezada
El plan de deportación de extranjeros, fundamentalmente de haitianos, que ha venido desarrollando el Gobierno dominicano para poner fin al desorden migratorio que desde hace décadas se registra en el país, es una de las medidas más valientes y correctas adoptada en los últimos años por Estado alguno.
Ya era hora de que las autoridades dominicanas asumieran de una vez y por todas su derecho legítimo y soberano de decidir quién y en qué condiciones puede permanecer un ciudadano extranjero en territorio dominicano.
El flujo migratorio en todas las partes del mundo es normal, siempre y cuando los inmigrantes se acojan y cumplan con las normativas internas que establecen los Estados.
Ahora bien, el país en los últimos meses ha sido sometido a un asedio, acoso y derribo, en el ámbito nacional e internacional, tratando de llevarlo asumir decisiones y responsabilidades que no están a su alcance ni material ni institucionalmente.
Los poderes de la tierra, representados en el país por organizaciones internacionales del Norte y Europa deben entender que nadie está obligado a lo imposible.
Sencillamente, la República Dominicana no puede acoger en su territorio personas que no cumplan con lo que establecen las leyes dominicanas y la Constitución. Más nada.
Todo aquel habitante de la nacionalidad que sea, haitiano, chino, japonés, español, cubano, mexicano, peruano, venezolano, que no se acoja a lo establecido en el nuevo Plan dispuesto por el actual Gobierno, en los tiempos y plazos determinados, simple y llanamente deberá ser enviado a su país de origen.
La autoridades dominicanas en sus diferentes instancias que no se dejen chantajear, eso es lo que se hace en todas partes del mundo e incluso los acuerdos, convenios y tratados internacionales así lo estipulan.
Sin embargo, hay que decir para que el país no sea puesto aún más en las cuatro esquinas, que esos procesos de deportación de extranjeros que se ejecutan deben hacerse en estricto respeto a los derechos humanos.
Esto lo digo porque en anteriores gestiones gubernamentales no se observaron las más elementales reglas de protocolo de respeto a la dignidad humana del inmigrante ilegal y el país recibió varias condenas en tribunales internacionales razón por la cual al día de hoy es estigmatizado como racista y violador de los derechos humanos. Apliquemos nuestras leyes migratorias, sin abusos, pero con firmeza.
