Despedimos un año nada alentador con 29 personas fallecidas en accidentes de tránsito y más de diez muertos a consecuencia de trifulcas, feminicidios y asesinatos durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.
Un cierre de año que lamentablemente nos mantiene a la cabeza de las muertes por accidentes de tránsito en todo el mundo y con una marcada preocupación por los niveles de violencia social e intrafamiliar.
Y todo esto en medio de un amplio programa de prevención dispuesto por las autoridades a través del COE y de reiterados llamados a la prudencia por parte del liderazgo cristiano, político y social que han resultado insuficientes.
Estos eventos de fin de año son recibidos con marcada preocupación, mientras la población y las autoridades se encaminan a afrontar los retos de una economía que debemos preservar en su ruta de crecimiento y estabilidad, pero con el impostergable proceso de disminuir sustancialmente la desigualdad para mejorar la redistribución de las riquezas logradas por la colectividad, concentradas en muy pocas manos.
Ante esta realidad que nos presenta el fin de año 2024 y el inicio del 2025, la interrogante pertinente con respuesta responsable y de justicia no puede ni debe ser otra: ¿Qué hacer?
