Francisco Medrano
Al margen del fuerte escándalo y cuestionamiento público registrado recientemente por la designación y posterior renuncia de Carlos Pimentel en la Dirección General de Alianzas Público Privadas, este trabajo se centra en conocer cómo ha evolucionado esta modalidad de negocio, luego de la creación de su institución rectora, que hasta el pasado 16 de agosto, estuvo dirigida por Sigmund Freund Mena.
Las Alianzas Público Privadas (APP), son el mecanismo mediante el cual agentes públicos y privados suscriben un contrato para la provisión, gestión u operación de bienes o servicios de interés social en el que existe inversión total o parcial por parte de ambos entes.
Para que un contrato sea considerado una APP debe ser a largo plazo -más de cinco años-, el resultado de un proceso competitivo, con aportes tangibles o intangibles, distribución de riesgos entre ambas partes, y la remuneración está asociada al desempeño, conforme a lo establecido en el contrato; el cual se suscribe voluntariamente.
Mediante esta modalidad, el Estado puede dar respuestas a las necesidades de provisión de infraestructuras y servicios públicos, en asociación con el sector privado. Se promueve el crecimiento de la economía y se incrementa el bienestar social, al asegurar a la población acceso a bienes y servicios básicos.
Esta figura llega a República Dominicana con la promulgación de la Ley 47-20, el 20 de febrero del 2020. Esta norma rige todo el sistema para el funcionamiento de las APP, y crea la Dirección General de Alianzas Público-Privada (DGAPP) como institución rectora.
Aunque la ley 47-20, y la institución (DGAPP), son de reciente creación, no así han sido los mecanismos de asociación contractual entre el sector público y el privado. Las concesiones de bienes, obras o servicios, era el mecanismo mediante el cual los entes públicos y privados se unían para satisfacer o atender alguna necesidad, el cual estaba regido por la ley 340-06, modificada por la 47-20.
La DGAPP es la institución responsable de la estructuración, promoción, supervisión y regulación de los proyectos de infraestructura, bienes y servicios de interés social, que se planifiquen y desarrollen en República Dominicana bajo la modalidad de Alianzas Público Privadas (APP).
Las APP pueden ser de iniciativa pública, que son aquellas que se originan en agentes públicos, o iniciativas privadas, que son las originadas por agentes privados que proponen al Estado dominicano la creación de una Alianza Público Privada.
Se considera iniciativa, toda aquella propuesta formal y documentada, de agentes privados o públicos que tiene por objeto presentar un proyecto con el propósito de satisfacer una necesidad pública mediante una Alianza Público Privada.
¿Y qué ha pasado con las APP en el país?
La página web de la Dirección General de Alianzas Público Privadas destaca que desde el año 2020 al 2024, han recibido 26 iniciativas de APP, de las cuales solo una ha sido adjudicada.
Se trata de APP para la rehabilitación y construcción, financiamiento, operación y mantenimiento del Puerto Duarte y de una facilidad turística complementaria, en Arroyo Barril, provincia Samaná.
Esta iniciativa originada por un agente privado fue recibida el primero de marzo del 2021 y luego de recorrer todo el procedimiento normativo y regulatorio, conforme a datos oficiales, fue adjudicada el 23 de febrero del 2023.
El contrato, por un período de 33 años, fue suscrito con la Autoridad Portuaria Dominicana por un monto de 3 mil 300 millones de pesos, unos US$60 millones aproximadamente.
Procura la explotación de la zona como un destino turístico, para el desarrollo de una terminal marítima de cruceros que permita la utilización de la infraestructura existente para lograr el arribo de las embarcaciones de mayor tamaño en la industria de cruceros (8,500 pasajeros) y la recepción de turistas de todo el mundo.
De igual forma, se propone la construcción de un parque temático alusivo a la gastronomía, cultura, costumbres y folklore de República Dominicana, con la finalidad de desarrollar y promover el turismo en la zona.
El estatus de las restantes 25 iniciativas registra diversas etapas de cada una, que van desde ser admitidas y en proceso de evaluación, las declaradas de interés público, y las descartadas por ser: no viables, rechazadas, no admitidas, no elegibles y las que son declaradas de no interés público.
En total, de conformidad con estadísticas oficiales, once iniciativas no han prosperado por diversos motivos, otras once admitidas y en proceso de evaluación, tres son de interés público, y una se ha adjudicado.
Otro gráfico muestra el comportamiento anual de las iniciativas, y refleja una notable caída o desinterés en el último año en comparación con el 2021, 2022 y 20223. El 2024 registra solo una iniciativa recibida.
