Que el Juego sea con Orden

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El gobierno ha identificado dos mil millones de pesos para colocar en manos de las clínicas privadas a tasa preferencial, como apoyo a la ampliación y fortalecimiento de ese sector.

Eso estaría muy bien, siempre y cuando las autoridades retomaran el programa de construcción, reconstrucción y equipamiento de la red de hospitales públicos en franco deterioro, de acuerdo a lo ratificado por el Colegio Médico Dominicano.

La administración del presidente Luis Abinader ha sido sumamente consecuente y tolerante con los empresarios del sector educativo, permitiendo los aumentos unilaterales de la tarifa escolar y la violación de disposiciones como la prohibición del cobro de la reinscripción a través de diversos subterfugios.

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Esa permisividad, como dispensa ante el innegable aporte del capital privado a la educación podría asimilarse, si el Ministerio de Educación cumpliera con programas y procesos en franco declive, como sostienen la Asociación Dominicana de Profesores y asociaciones de padres de todo el país

Son quienes no ponen reparos a esa conducta oficial, si se continuara el programa de construcción y reconstrucción de la infraestructura escolar, se avanzará en la capacitación docente y si se preservaran iniciativas tan importantes como la tanda extendida y el alimento escolar.

Los aplausos serían para el gobierno, si en vez de poner en grave riesgo el vital sector agropecuario y a una buena parte de la manufactura local con la proyectada ley de tasa cero para la importación de rubros que producimos en cantidad y calidad en el país, garantizara la materia prima a mejor precio para los productores y evitara el ingreso sin arancel a bienes producidos aquí.

Contrario a esas iniciativas oficiales, de un tiempo a esta parte el sector generador y comercializador de energía ha estado haciendo importantes inversiones que nos han permitido aumentar la producción y avanzar en el proceso de cambio de matriz eléctrica de singular valor comercial y ambiental.

Pero esto ha venido acompañado de un Estado facilitador, a través de una positiva alianza público-privada, que apuesta a garantizar un servicio eficienciente y sin exclusión.

Esta, y solo esta, debe ser la ruta a seguir en todas las áreas por la presente y futuras administraciones del gobierno como apuesta al desarrollo equitativo y a la gobernanza plena por todos deseada.

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