Una delegación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), encabezada por su presidenta, María Elena Vásquez Taveras, compareció esta tarde en la Cámara de Diputados para presentar sus recomendaciones técnicas al “Proyecto de Ley General de Contrataciones Públicas”, reintroducido este año al órgano legislativo.
Vásquez Taveras estuvo acompañada por el director ejecutivo de la institución, Víctor Benavides Valerio; Gianna Franjul y María E. Holguín López, miembros del Consejo Directivo; y José Beltré, director de Promoción y Abogacía de la Competencia.
La delegación de Pro-Competencia fue recibida por la comisión especial que estudia el proyecto de ley, que preside el diputado Gregorio Domínguez Domínguez, quienes escucharon los planteamientos e indagaron sobre las observaciones que hace el organismo, que busca garantizar que el nuevo marco normativo de contrataciones públicas incorpore disposiciones que promuevan efectivamente la libre competencia y protejan la libertad de empresa en beneficio de la eficiencia del mercado y el interés general.
En su intervención, la presidenta del Consejo Directivo Pro-Competencia resaltó que la reforma al régimen de compras y contrataciones públicas representa una oportunidad trascendental para el fortalecimiento institucional, la modernización del Estado y la consolidación del Estado social y democrático de derecho en la República Dominicana.
“El Proyecto de Ley General de Contrataciones Públicas que actualmente estudia el Congreso Nacional propone una transformación normativa de gran alcance, orientada a garantizar procesos más eficientes, equitativos, transparentes y alineados con los principios constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por el país. Desde ProCompetencia, saludamos esta iniciativa como una vía estratégica para promover entornos económicos más abiertos y competitivos y para enriquecer este proyecto hemos presentado un informe de abogacía con recomendaciones puntuales”, explicó.
Propuestas de modificación
Pro-Competencia propone modificar el artículo 116 del referido proyecto, sobre exclusión por comprobación de prácticas prohibidas, para reconocer expresamente las prácticas colusorias tipificadas en la Ley No. 42-08 sobre la Defensa de la Competencia, así como la remisión de estos casos a la institución para su investigación y sanción.
Esta modificación permitirá fortalecer la coordinación interinstitucional y establecer un marco claro para combatir conductas que distorsionan la competencia en las licitaciones públicas.
Con respecto a la transparencia en la información de precios, Pro-Competencia recomienda modificar el artículo 93 para mantener bajo confidencialidad la apropiación presupuestaria, evitando que su divulgación facilite la coordinación anticompetitiva entre oferentes.