El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) presentó este martes una formal denuncia ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), en la que solicita investigaciones penales por presuntos actos de corrupción, manejo irregular de fondos públicos y violaciones a leyes constitucionales, administrativas y penales vinculadas al Fideicomiso DO Sostenible.
La instancia, dirigida a la magistrada Yeni Berenice Reynoso y canalizada por el director de la Pepca, Dr. Wilson Camacho, y también a la directora de la DIGEIG, Dra. Milagros Ortiz Bosch, detalla que entre 2021 y 2024 el fideicomiso recaudó más de RD$7,978 millones, pero apenas ejecutó un 38.8 %, de los cuales un 80 % fue canalizado únicamente a dos empresas privadas: Cilpen Global Business S.R.L. y Relleno Sanitario Vermont S.R.L.
Según el PRD, las cifras levantan alarmas sobre un posible esquema de concentración de recursos, opacidad contractual y violaciones a las leyes 28-23 sobre fideicomiso público, 340-06 de compras y contrataciones, y 225-20 sobre residuos sólidos. El documento denuncia que Cilpen Global habría recibido más de RD$1,337 millones en apenas dos años, a pesar de tener una capacidad limitada a 300 toneladas diarias, lo que, a juicio del partido, “no justifica técnica ni legalmente semejante asignación presupuestaria”.
“Estas operaciones, marcadas por la discrecionalidad, el privilegio y la falta de transparencia, podrían constituir graves violaciones al artículo 39 de la Constitución sobre igualdad ante la ley, al artículo 50.1 sobre libre competencia y al 68 sobre garantías fundamentales”, señala.Asimismo, la denuncia hace énfasis en que no existe acceso público a auditorías técnicas ni a informes que expliquen cómo y por qué fueron adjudicados los contratos millonarios a esas dos empresas. Mientras tanto —sostiene el partido— gobiernos locales, asociaciones comunitarias y microempresas recicladoras han sido marginadas del acceso a los fondos, violando el principio de descentralización consagrado por la Ley 225-20.
El PRD advierte que “no puede hablarse de aumentar las contribuciones al fideicomiso ni de reformas tributarias vinculadas, sin antes realizar una auditoría integral, técnica y financiera” de todas sus operaciones.
El partido solicitó abrir formal investigación penal, realizar auditorías forenses y financieras al fideicomiso y sus contratos, disponer medidas cautelares para prevenir más daños al erario e investigar responsabilidades tanto de funcionarios públicos como de particulares.
El PRD reiteró su compromiso con un modelo de gstión de residuos “justo, equitativo y descentralizado”, donde la política ambiental no sea “un negocio cerrado para unos pocos, sino una oportunidad para generar empleos verdes y fortalecer la economía circular desde lo local”. Las comunicaciones fueron depositadas por una comisión integrada por Víctor Feliz, secretario nacional de Asuntos Municipales y el diputado Ramón Raposo, junto a los juristas José Fernando Pérez Vólquez, José Juan Zapata, Henry Blanco y Jacinto Santos Santos, del PRD.
