El presidente Luis Abinader, a través de su consultor jurídico, Antoliano Peralta, depositó ayer en el Senado de la República el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma constitucional y que ordena la reunión de la Asamblea Nacional Revisora.
Peralta informó de dos modificaciones que le hicieron a la propuesta inicial que presentó el Poder Ejecutivo hace dos semanas en La Semanal. En una de ellas se baja de cuatro a dos años el tiempo que duraría en el cargo el procurador general de la República.
El pliego de ley, que está en la agenda de la sesión convocada para hoy a las 2:00 de la tarde, propone modificaciones puntuales a la Carta Magna en 10 artículos, de manera específica a las disposiciones contenidas en los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268 y 274. También una nueva disposición general y siete disposiciones transitorias.
Al depositar la iniciativa, el representante del Poder Ejecutivo acompañado de otros funcionarios y senadores, entre ellos el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, señaló que a petición de las opiniones recogidas de los distintos sectores del país en la mesa de discusión sobre el anteproyecto, hubo dos elementos que se excluyeron del mismo.
Se llegó a la conclusión de reducir a dos los cuatro años de inamovilidad del procurador general de la República que planteaban inicialmente, salvo un juicio político que lo pueda destituir por faltas graves.
El funcionario aclaró que el procurador podría ser ratificado en el cargo “tantas veces el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) así lo considere, previa propuesta del presidente” de la República, quien la someterá al CNM.
El otro punto que se excluyó fue la eliminación de la propuesta que versa sobre la conformación del Consejo Superior del Ministerio Público, artículo 174 de la Constitución, “que en la propuesta original se dejaba bajo la potestad de la ley”.
La tan esperada pieza de reforma constitucional tiene como objetivo consolidar la independencia del Ministerio Público; garantizar la estabilidad constitucional de las reglas de elección presidencial; reducir la cantidad de diputados de 190 a 137; y unificar la celebración de las elecciones presidenciales, congresuales, parlamentarias de organismos internacionales y municipales.
En una rueda de prensa ofrecida desde las instalaciones del Congreso Nacional, ambos coincidieron en que la propuesta representa un paso valiente del gobierno y una clara respuesta a exigencias reiteradas de la sociedad.
Tal y como había sido anunciado previamente por el presidente Abinader, la propuesta de reforma constitucional impulsada tiene cuatro objetos principales, que son: (1) garantizar la estabilidad constitucional de las reglas de elección presidencial, al impedir futuras modificaciones que versen sobre las mismas; (2) consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público y especializar sus funciones; (3) unificar la celebración de las elecciones presidenciales, congresuales, municipales y de demás representantes electivos; y (4) adecuar la cantidad de representantes en la Cámara de Diputados.
Durante el acto de depósito en el Senado, el consultor jurídico resaltó que la propuesta del presidente es el resultado de más de tres años de diálogo continuo con diversos sectores de la sociedad, el cual ha enriquecido la intención original del Poder Ejecutivo. Haciendo alusión al mensaje del presidente Abinader, reiteró que “se trata de una reforma constitucional sin precedentes en la historia de la República Dominicana, la cual busca robustecer la democracia y el sistema de separación de poderes, con la cual el presidente cumple el compromiso asumido ante el electorado dominicano desde el inicio de sus aspiraciones presidenciales”.
Del mismo modo, Antoliano Peralta expresó que durante las últimas semanas el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo ha sido objeto de amplio debate, incluyendo varias reuniones con la comunidad jurídica, convocada al Palacio Nacional a tales fines. Igualmente hubo encuentros regionales con distintos actores sociales en varias ciudades del interior del país, así como diversos paneles académicos en distintas universidades. Resaltó que también remitió la propuesta al Consejo Económico y Social (CES), para que fuese circulada a todas las entidades integrantes de este órgano de concertación, en busca de que, en seguimiento a las conversaciones sostenidas desde 2021 en el Diálogo por las Reformas, cada sector pudiera expresar su parecer sobre la propuesta y fortalecer así la misma con observaciones y sugerencias, a la vez que ser recibidas distintas e importantes opiniones. “Para nosotros es fundamental que mediante el diálogo se pueda construir el consenso político, social y académico necesario”, señaló el consultor.
“Un ejemplo de los resultados del diálogo es la exclusión de la propuesta de reforma de lo relacionado al Consejo Superior del Ministerio Público. La propuesta del presidente Abinader partió de un criterio de coherencia con el ideal de independencia, pero las distintas asociaciones de fiscales del país nos manifestaron en los escenarios de diálogo que el cambio sugerido no les favorecía, por lo cual el presidente optó por retirar esa propuesta en particular. Del mismo modo, en todos los espacios de discusión la comunidad jurídica manifestó su preocupación por la propuesta inicial del presidente de dotar de inamovilidad al procurador general de la República durante todo el periodo de gobierno. A esta preocupación el presidente ha respondido con una postura intermedia, reduciendo a dos años el periodo de su designación, pudiendo ser confirmado, pero sin renunciar a la garantía de la inamovilidad, que es un elemento que entendemos indispensable para propiciar la independencia real del Ministerio Público a la que todos aspiramos”.
Junto al proyecto de ley depositado, el presidente remitió también una propuesta concreta de redacción de las modificaciones que recaerían sobre los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268 y 274 de la Constitución. También propuso una nueva disposición general y siete disposiciones transitorias.
Acompañaron a Antoliano Peralta Romero, el subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Pedro Montilla; el director de Proyectos Jurídicos Especiales e Investigación Jurídica, de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, Noel Sued, y el comisionado para las reformas del Estado, Darío Castillo Lugo.