El Partido de la Liberación Dominicana solicita formalmente al Ministerio Público que inicie investigaciones exhaustivas sobre las graves denuncias de presunta corrupción que han sido expuestas públicamente en diferentes medios de comunicación.
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De comprobarse estas denuncias, la organización política afirma que constituyen un atentado contra la transparencia, el uso correcto de los recursos públicos, el desarrollo económico y la confianza ciudadana, por lo que es necesario que sean esclarecidas mediante investigaciones rigurosas, objetivas y apegadas a la ley.
La información fue dada mediante rueda de prensa, presidida por Yván Lorenzo, vicepresidente del PLD, José Dantes Diaz, secretario de los Asuntos Jurídicos, y Rafael González, secretario de Salud, realizada en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez.
Seguros Reservas
El PLD expresa que informaciones públicas y análisis financieros revelan pérdidas operativas reiteradas en Seguros Reservas durante la gestión del PRM, con un deterioro significativo de la rentabilidad y la liquidez. Se han identificado operaciones atípicas entre entidades vinculadas del mismo grupo financiero que podrían ocultar déficits reales o desvío de recursos públicos.
En ese sentido, solicita una auditoría forense integral de la gestión de Seguros Reservas, investigación de operaciones entre filiales relacionadas, verificación de la situación real de reservas técnicas y determinación de responsabilidades administrativas y penales por el deterioro patrimonial de esta entidad que maneja recursos públicos.
De igual modo, refirió la denuncia pública de que el Ministerio de Educación habría pagado RD$867.4 millones por la póliza de Seguros Reservas para estudiantes que ni los padres ni los alumnos conocían de su existencia.
Indica que hay graves denuncias sobre pagos de comisiones, “corredores favorecidos” y estructuras de intermediación vinculadas a funcionarios gubernamentales. El presupuesto del Ministerio de Educación para este fin se incrementó significativamente en 2024, sin justificación técnica clara.
El partido morado y la estrella amarilla solicita la realización de una auditoría del manejo de esos recursos, ya que en el presupuesto de MINERD aparece una ejecución en seguros que pasó de 384.83 MM en 2022 a 1,928.62 MM en el 2024.
Denuncias sobre operaciones en el Banco Agrícola
Por otro lado, apuntó que denuncias públicas señalan que el Banco Agrícola otorgó créditos con condiciones favorables o a tasa cero a funcionarios públicos, políticos y personas sin vinculación al sector agropecuario, constituyendo esto un uso clientelar de los recursos destinados al desarrollo del campo dominicano.
Por tal motivo, también solicita investigar los criterios de otorgamiento, verificar de manera exhaustiva los perfiles de los beneficiarios, determinar el alcance del favoritismo político del Banco y evaluar el desvío de la misión institucional.
Dejan vencer medicamentos de alto costo
Expuso ante los representantes de los medios de comunicación, igualmente se ha confirmado que cientos de medicamentos oncológicos de alto costo fueron encontrados vencidos o sin uso en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Además, muchas de estas medicinas fueron donadas por familias, con enormes sacrificios económicos. Médicos documentan que pacientes murieron por falta de estos medicamentos, mientras permanecían almacenados.
Asimismo, denunció que, en julio de 2025, la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República documentaron graves violaciones en tres licitaciones del INABIE (zapatos, mochilas, poloshirts, pantalones) que vician 201 contratos.
Agregó que, aunque se destituyó al ex director del INABIE, las Mipymes afectadas denuncian ante la PEPCA que “no hay justicia ni transparencia” en esos procesos.
Finalmente, el PLD sostiene que en este contexto de denuncias graves de corrupción administrativa solicita al Ministerio Público que inicie de inmediato investigaciones exhaustivas, objetivas e imparciales en cada caso, así como auditorías forenses para determinar el alcance económico de las irregularidades.
