Yanessi Espinal
El plan de reformas del presidente Luis Abinader arrancó con escollos que retan a la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a resolverlos con base en un riesgo de alto costo político o a desistir de algunos de sus planes de implementar “reformas estructurales”.
Los tropiezos de las reformas ocurren a pesar de que el PRM tiene el control absoluto del Congreso para aprobarlas, sin embargo, no ha logrado el consenso político y social que necesita.
De las reformas anunciadas hasta ahora, no se conoce el alcance del cambio al Código Laboral, luego de haberse anunciado el pasado 26 de agosto, y tampoco se conoce el abordaje que tendría la cesantía laboral, el punto de conflicto.
La primera apuesta de reforma, el cambio a la Constitución, no ha encontrado consenso en ninguno de los temas propuestos por el Poder Ejecutivo, y el que resulta políticamente más atractivo, la cláusula pétrea para hacer inmodificable en el futuro el artículo 124, muchos juristas afirman que necesitaría un referendo aprobatorio, un camino que al parecer el presidente Abinader no quiere recorrer.
De la propuesta de reducción de 53 diputados, el presidente del PRM y ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza y los diputados de ese partido, acordaron reducirlo a 20. Sin embargo, los impulsores de esa idea no han presentado ningún estudio que valide la necesidad de reducir el número de representes ni la cantidad que se necesitaría recortar.
El tema de unificar las elecciones municipales con las presidenciales y las congresuales, no tiene consenso y quienes se oponen apuestan a que se vuelva al modelo de dos años de distancia entre una y otra elección, por lo que el argumento de reducir gastos como principal sustento de la narrativa de unificación de las votaciones, queda anulado.
Esa propuesta no ha encontrado consenso siquiera a lo interno del PRM en voces como el especialista en temas electorales y vicepresidente de la organización, Eddy Olivares.
En esa misma tesitura se ha pronunciado Participación Ciudadana, que apuesta a una separación por dos años. En tanto, la Junta Central Electoral advirtió sobre los desafíos para el órgano que representaría la unificación de las elecciones.
La propuesta de modificar lo relativo a la designación del Procurador General de la República para que lo nombre el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), no tiene consenso, pues esa idea ha encontrado un fuerte rechazo entre los especialistas en derecho constitucional que no comparten la idea.
Mientras, la comunicad política advierte que, en la práctica, a ese funcionario lo estaría nombrando el propio presidente de la República, en caso de que la propuesta del Ejecutivo sea aprobada pues establece que será el presidente de la República el que someterá el nombre de la persona que sería designada en el cargo.
Originalmente, el proyecto de reforma planteaba cuatro años de inamovilidad para el procurador general de la República, pero ese periodo fue reducido a dos en el proyecto que finalmente sometió el Ejecutivo ante el Senado, luego de críticas de entidades como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
Plan de reforma lleva más de tres años
Las reformas que el presidente Abinader intenta impulsar no son nuevas. Han recorrido tres años en la agenda de la opinión pública, desde que el gobernante las anunció el 16 de agosto de 2021, al cumplir el primer año de su primer gobierno. En total, son doce las reformas en diversas áreas que impulsa el PRM.
En diciembre del pasado año, Rafael Toribio, presidente del Consejo Económico y Social (CES), anunció el cierre del diálogo que involucró también a los partidos políticos. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los temas discutidos en ese contexto ha sido sometido a la aprobación en el Congreso.
Los temas abordados abarcan, además de los ya señalados, la seguridad social, migración, tema eléctrico y medio ambiente y recursos naturales, entre otros.
En el proceso de reformas del organigrama del Estado que impulsa el Gobierno, podría perder capital político si insiste en unificar los ministerios de Educación y Educación Superior, porque varias voces abanderadas del 4% para la Educación preuniversitaria, como María Teresa Cabrera, han advertido que el objetivo real es repartir el dinero del 4% destinado a la educación preuniversitaria con todo el modelo educativo.
Referendo podría desgastar a Luis
Originalmente, el presidente Abinader había planteado que la reforma de la Constitución se concentraría en hacer más difícil (poner candados) a los mecanismos de reforma constitucional cuando verse sobre la reelección presidencial, pero el gobernante abandonó la idea luego de que la comunidad jurídica alertó sobre la necesidad de un referendo para aprobar ese cambio porque podría variar el mecanismo de modificación de la Carta Magna.
La propuesta de una cláusula pétrea la planteó el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, que ha sostenido que para ese cambio no sería necesario el referendo, contrario a lo que afirman la mayoría de juristas.
En caso de que se determine la necesidad del referendo para validar la cláusula pétrea al artículo 124 de la Constitución, el presidente Abinader y el PRM corren el riesgo de ir a un referendo que podrían ganar en los votos, pero que los desgastaría políticamente, cuando la oposición entre en escena.
Especialmente, el expresidente Leonel Fernández y líder de la Fuerza del Pueblo (FP) ha manifestado que la propuesta que impulsa Abinader es innecesaria y que responde a “un capricho” del gobernante. Si a ese discurso se suma que en los días por venir habrá una reforma fiscal y una reducción del dinero de la población, podría argumentarse que “un capricho” presidencial someterá a la población al estrés de un referendo y gasto para una “reforma innecesaria”.
Despidos masivos y el paquete fiscal complican
El consenso político y social que necesita el presidente Abinader para las reformas que impulsa podría verse afectado por medidas como la fusión y eliminación de instituciones que podría repercutir en despidos masivos de empleados, cosa que el gobierno ha negado. Igualmente, medidas como la reforma fiscal que podría impactar a los sectores más pobres y de clase media, con posibles consecuencias de descontento social.
Igualmente, aunque el presidente Abinader y el PRM cuentan con mayoría calificada para aprobar las reformas que necesita, para fines de legitimidad necesita el consenso con los partidos políticos. Sin embargo, tanto el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como la Fuerza del Pueblo (FP), han expresado rechazo al proyecto de reforma a la Constitución, criticado el plan de reducción del Estado con la transformación de varias instituciones y desde temprano advirtieron que no apoyarán la reforma fiscal.
En el plan de nuevos impuestos que el gobierno presentará en las semanas por venir, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, ha dicho que la reforma plantearía recaudar entre un 1.5% y 1.7% del PIB.
El gobierno tendrá que elaborar el presupuesto de 2021 entre este mes y octubre y en ese proyecto tendrían que quedar contemplados los recursos que ingresarán al fisco por los nuevos impuestos. Por tanto, los meses por venir serán de presión y descontento para el gobierno del PRM.
