Martín Polanco
La República Dominicana ha sido una de las economías de mayor crecimiento en América Latina y el Caribe en las últimas dos décadas.
Sin embargo, para mantener este dinamismo económico en el futuro y expandir sus beneficios a más hogares y zonas en pobreza, se requiere un aumento significativo en la productividad a través de reformas clave.
Así lo indica un nuevo estudio realizado por el Banco Mundial (BM) titulado «Repensar la productividad para impulsar el crecimiento sin dejar a nadie atrás, memorando económico de RD».
El informe destaca que el crecimiento económico promedio de la República Dominicana fue del 5.8% por año entre 2005 y 2019, más del doble del promedio de América Latina y el Caribe, que se situó en un 2.6%.
Sin embargo, este excepcional crecimiento se está viendo limitado debido al bajo aumento en la productividad en los últimos años.
Este problema se debe a la insuficiencia en el capital humano para satisfacer las necesidades empresariales, los desastres relacionados con el cambio climático y las distorsiones en mercados clave, como la asignación poco eficiente de exenciones fiscales, indica el BM.
Estas se centran en fortalecer el capital humano, fomentar la competencia, incentivar la innovación, mejorar la eficiencia del gasto público y el sistema tributario, y aumentar la resiliencia frente a choques externos y eventos climáticos.
En cuanto al fortalecimiento del capital humano, se sugiere adecuar el sistema educativo a las necesidades del mercado, modernizar los estudios secundarios, proporcionar educación continua para adultos y expandir programas de entrenamiento y actualización de habilidades relevantes para el mercado laboral.
Además, se propone reducir la desigualdad de oportunidades entre géneros y áreas rurales y urbanas mediante incentivos para que los padres compartan el cuidado infantil temprano, monitorear la deserción escolar y ofrecer becas universitarias en áreas rurales.
Para fomentar la competencia, se plantea reducir las barreras para el ingreso y la expansión de empresas en sectores clave.
Esto incluye revisar la participación gubernamental en empresas estatales y las regulaciones públicas, implementar iniciativas como la ventanilla única de tramitación para reducir barreras de entrada y revisar disposiciones de protección sectorial a empresas establecidas, cuotas de producción y exportación, y controles de precios.
