Operación Falcón

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Por: Orion Mejía
orion_mejia@hotmail.com

Cualquier gobierno o Ministerio Público lo pensaría dos veces antes de emprender una ofensiva contra el lavado de activos de la magnitud de Operación Falcón, que ha decomisado bienes por más de cincuenta mil millones de pesos, incluidos gasolineras, edificios, dealers, villas y vehículos de alta gama.

Ese operativo se ejecuta cuando aún la economía sufre resaca de una pandemia que por más de un año ralentizó las actividades económicas y laceró el empleo, y cuando la Procuraduría todavía acarrea otros expedientes de gran impacto político.

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Esos y otros motivos de naturaleza coyuntural, hacen pensar que Operación Falcón es una acometida “made in United States”, aunque esas investigaciones se realizaban desde hace casi un año.

El presidente Luis Abinader demostró coraje al aceptar desmantelar un muy denso nido de avispas que se había extendido por el vecindario político, legislativo, económico y gubernamental, a sabiendas del riesgo que entraña escarbar en esa economía de subsuelo.

Los acuerdos con la Agencia Antidrogas (DEA) no han resultado provechosos para la parte dominicana, porque fiscales estadounidenses arriban a acuerdos con extraditables en provecho de sus intereses jurídicos y luego son devueltos con casi los mismos poderes y bienes.

No hay que negar que a causa de la pandemia, o quizás desde antes, República Dominicana volvió a convertirse en puerto de trasbordo de miles de kilos de cocaína desde Suramérica a Estados Unidos y Europa y que ese ha sido el motivo de Operación Falcón.

Desde hace más de diez años aquí se aplica o debe aplicarse un estricto código jurídico contra el lavado de activos, supervisado por la Superintendencia de Bancos y por buros nacionales e internacionales que monitorean los movimientos bancarios o de inversiones.

A eso se debe que los cárteles y sus subsidiarias inviertan en áreas difusas de la economía como dealers, bancas de apuestas, villas, etcétera, capitales que en su mayoría no cruzan por la banca de intermediación financiera por la imposibilidad de evadir controles anti lavado.

Es posible que la democracia dominicana haya alcanzado suficiente madurez y fortaleza como para soportar embestida de un animal herido que intenta defenderse de las estocadas que le asesta el Ministerio Público, la DNCD y la DEA.
Para poder salir airoso de esta batalla contra el narco y el lavado de activos, se requiere desinfectar cuanto antes al Poder Legislativo, áreas del gobierno, del tejido económico, policial y militar, partidos políticos y hasta del Poder Judicial. No les dejen esa cruzada solo a doña Mirian Germán Brito.