Alberto Quezada
La aparición del denominado caso Operación Calamar abre una nueva etapa histórica que pone al desnudo una vez más la profunda e indetenible degradación ética en que se encuentran el sistema de partido y sus políticos en la República Dominicana.
Sí todo lo que se imputa en el referido expediente acusatorio presentado a la opinión pública nacional y el pueblo dominicano por el Ministerio Público se prueba en los tribunales de la República, podemos decir, sin lugar a dudas, de que ya estamos tocando fondo.
Para que se tenga una idea del nivel de degradación a que se ha llegado solo basta examinar el rosario de imputaciones y cargos que se les hace a los involucrados. Veamos. Al grupo, en general, se les señala de haber incurrido en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, sobornos, financiamiento ilícito de campaña, lavado de activos vinculado presuntamente al pago irregular de expropiaciones de inmuebles. Pero algo más, señores, según el documento acusatorio al Estado dominicano les fueron sustraídos mediante esa operación más de 19 mil millones de pesos.
Ahora bien, al margen de todo lo arriba expuesto, lo cual es repudiable e indignante, es oportuno hacer algunas reflexiones sobre el caso para que dejemos claro el asunto. Por ejemplo, que nadie crea que la etapa que acaba de abrirse, la cual toca al PLD, que nadie crea y piense que ahí se detendrá, no, lo que está en marcha según nos hemos enterado es un plan que abarcará, además, a líderes y dirigentes importantes de la Fuerza del Pueblo (FP) y el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Este acontecimiento, sin lugar a dudas, marca el inicio de una nueva etapa en la vida institucional dominicana. ¿Y saben porque amables lectores?, por qué, aunque se quiera negar y dar una apariencia contraria, en el caso operación Calamar se revela que tras de sí hay manos extranjeras que están moviendo esa cuna.
Hablemos claro: esto que estamos presenciando no es decisión de PRM, gobierno de Luis Abinader, ni Marcha Verde, ni nadie; es un imperativo imperial en su afán de consolidar su cruzada de transparencia y rendición de cuentas desplegada en esta región americana. ¿Estamos claro?
