Organizaciones humanitarias de todo el mundo, encabezas por Amnistía Internacional, denunciaron este miércoles que se está acabando el tiempo para que la acción internacional “proteja a los civiles y prevenga crímenes atroces en Rafah, mientras se ignora la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU”.
Un comunicado firmado por 13 oenegés que trabajan con ámbito mundial, recuerda que “los Estados deben actuar urgentemente” para garantizar la aplicación de las resoluciones internacionales, mientras los ataques sobre la población de Gaza “se intensifican”.
En el texto, los firmantes destacan que la semana pasada el Gobierno de Israel dejó clara su intención de ampliar las operaciones militares en Rafah independientemente de lo aprobado por la ONU, y en esta semana “los bombardeos israelíes mataron al menos a 31 personas, entre ellas 14 niños, en Rafah sólo los días 26 y 27 de marzo”.
“Las organizaciones humanitarias y de derechos humanos han advertido repetidamente que la planeada incursión terrestre israelí en Rafah promete diezmar la vida y a más de 1,3 millones de civiles, incluidos al menos 610.000 niños, que ahora se encuentran en la línea directa de fuego”, subraya el comunicado.
Los firmantes afirman que no hay “ningún lugar seguro al que la gente pueda ir en Gaza”, ya que las fuerzas israelíes “han atacado repetidamente áreas que previamente describieron como ‘seguras’”.
En toda Gaza, dicen, “incluso cuando las organizaciones humanitarias proporcionan lugares para operaciones de ayuda y personal a las fuerzas israelíes, estas áreas han seguido siendo atacadas. Los trabajadores humanitarios han muerto, los convoyes de ayuda han sido atacados por Israel y los refugios y hospitales apoyados por la comunidad humanitaria están siendo dañados o destruidos bajo los bombardeos israelíes”.
Y señalan que las nuevas propuestas del Gobierno israelí para obligar a los civiles a refugiarse en las llamadas “islas humanitarias” probablemente “brindarían otra falsa pretensión de seguridad y, en cambio, exprimirían a los civiles en áreas pequeñas, contenidas y de escasos recursos donde corren el riesgo de ser atacados, ya sea que se encuentren dentro o fuera de estas ‘islas'”.
Las oenegés adheridas a esta firma denuncian que “no hay ningún lugar en Gaza con acceso a asistencia y servicios suficientes para garantizar la supervivencia de la población” y que en la propia Rafah, “los servicios e infraestructuras esenciales sólo funcionan parcialmente, incluidos hospitales, panaderías e instalaciones de agua y saneamiento desbordados”.
“Una mayor escalada de las operaciones militares israelíes en Rafah también plantearía consecuencias catastróficas para una respuesta humanitaria ya paralizada en toda Gaza, ya que la mayor parte de la infraestructura y la coordinación de la ayuda se han establecido desde octubre de 2023 con base en esa ciudad”, advierten.
El comunicado incide en que “todos los estados tienen la obligación de proteger a las poblaciones de crímenes atroces” y que el Gobierno de Israel “ha anunciado su intención de ampliar las operaciones militares allí y este riesgo ha aumentado aún más desde el 31 de marzo, cuando el gabinete de guerra de Israel aprobó planes para operaciones terrestres en la gobernación más meridional”.
Y si bien, “algunos Estados han expresado públicamente su desaprobación, la presión y las declaraciones diplomáticas internacionales hasta ahora han sido insuficientes para producir resultados y evitar la incursión planeada”.
Sin embargo, recuerdan “existe un conjunto de medidas de protección disponibles para los Estados, que están obligados a respetar y garantizar el respeto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, como se demostró anteriormente en otras crisis de protección de civiles”. EFE
