Darielys Quezada
Con debates e intercambios que giraron en torno a la soberanía nacional, la equidad de género, la independencia de los poderes, el alcance del recurso de amparo y la legalidad de que vacunarse sea una obligatoriedad en el país, se desarrolló la segunda jornada de entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional (TC) con la evaluación de otro grupo de 21 postulantes.
Una evaluación que animó la jornada de ayer fue la correspondiente al postulante Marcos Antonio Cruz Troncoso cuando el senador y miembro del CNM, Bautista Rojas Gómez, le preguntó sobre los límites que tiene el Estado para dictaminar que la ciudadanía pueda ser sometida a procedimientos médicos como vacunas, fuera del estado de excepción, debido a que en el Congreso Nacional cursa un proyecto de “vacunas”. “¿Es constitucional en momentos como estos, no de excepción, que nosotros procedamos a legislar y crear una ley de vacunas que haga obligatorio el uso de bilógicos de enfermedades prevenibles por vacunas?”, cuestionó Rojas Gómez.
“Su pregunta me da la oportunidad para ser sumamente enfático en este juicio que voy a emitir. No, no es posible. El artículo 42 de la Constitución prohíbe, prácticamente, intervenir en el cuerpo de una persona que sin su consentimiento sea sometido a cualquier tipo de procedimiento, excepto cuando está en riesgo la vida de la persona. Por lo tanto, en una situación normal y aun en un estado de excepción es discutible el que a un ciudadano o ciudanía se pueda obligar a tener que vacunarse. Desde el punto de vista constitucional, esto no alcanza tener respaldo suficiente cualquier iniciativa en ese sentido”, expresó el postulante.
Agregó, además, que la obligatoriedad de las vacunas es un tema que debe ser estudiando y valorado por el TC, a la vez que citó, a modo de ejemplo, que el encierro al que fue sometido la población durante la pandemia, incluso a la gente sana, fue un acto “excesivo” porque “nada justifica que personas que no han contraído la enfermedad puedan ser limitadas en sus derechos fundamentales.
La respuesta dada por el señor Marcos Antonio Cruz Troncoso motivó a la procuradora de la República y también miembro del CNM, Miriam Germán, a entrar en un debate con este al cuestionarle qué podría decir de una persona que se niega a vacunarse y anda por la calle exponiéndose y siendo un vector de una enfermedad o virus. “¿Eso no es una responsabilidad de esa persona, decir no me vacunen, mi cuerpo es mío?, pero entonces fastidio al resto”, inquirió la procuradora.
“Aquí hay un elemento de comprobación. No existe ni ha existido nunca en ninguna autoridad pública la comprobación de que una persona pudiera haber estado contagiada como para que, sobre esa base, se presumiera que pudiera contagiar a otro”, dijo el postulante.
Y esto no le fue suficiente a Germán Brito porque en seguidas le refutó: “¿y si se ha comprobado que esa persona está infectada?” y Cruz Troncoso, sin más, le rebatió que en ese caso ya sería responsabilidad de las autoridades de intervenir con relación que esa persona esté presentando, pero que bajo ninguna circunstancia se puede violentar derechos fundamentales a partir de presunción de contagio.
“Entonces una persona infectada tiene derecho a convivir con una población de alto riesgo. Por ejemplo, yo misma; mayor, diabética, hipertensa y entonces yo tengo que exponerme a ese individuo infectado?”; “Entonces, en definitiva, la que tendría que encerrarse soy yo”, le devolvió la magistrada.
Derechos
Durante la segunda ronda de evaluaciones a aspirantes a jueces del TC que buscan ocupar cinco puestos que estarán vacantes el 27 de diciembre, fueron entrevistados 21 postulantes que son abogados y jueces en ejercicio.
Entre ellos estuvo, además de Marcos Antonio Cruz Troncoso, Evander Eduardo Campagna González, quien durante su evaluación abogó por que a los niños sean formados con el cristianismo, aunque aclaró que no estaría de acuerdo a que los infantes sean obligados a una religión específica, pero que los principios religiosos se les inculquen.
La segunda en ser entrevistada por los consejeros fue Yrcania Ibelice Casado Pimentel, quien manifestó su interés en formar parte del Tribunal Constitucional para crear precedentes constitucionales desde una forma más tranquila y con una visión de imparcialidad total. De igual forma, abogó por la creación de un protocolo de respuesta a los ciberataques, pero también llamó a crear conciencia sobre el riesgo de exponer en las páginas tecnológicas sus informaciones personales.
Recusación, amparo
A esta le siguió, Juan Bautista Castillo Peña. El profesional del derecho fue preguntado por la procuradora Miriam Germán sobre si un juez del TC puede ser recusado, a lo que este respondió que no, dejando claro que, en caso de que un juez se vea involucrado en un caso en el que tenga algún interés o inclinación particular, el deber de este es inhibirse, abstenerse a votar o a participar en las deliberaciones para la emisión de sentencias.
Johanny Elizabeth Castillo Sabarí, fue la cuarta persona en ser evaluada ayer por el CNM, espacio que aprovechó para referirse, luego de ser preguntada sobre el tema, sobre los límites que tiene el Estado para impartir en las escuelas la materia de educación sexual. Sobre este aspecto, indicó que en todo Estado debe haber una educación integral, que incluya en ella los derechos sexuales, pero indicó que también es responsabilidad de los padres prestar atención en la formación de los hijos en este aspecto.
Luego, le tocó el turno al señor Máximo Ramón Castillo Salas, expresidente de la Cámara de Cuentas, quien durante su participación fue preguntado por las sentencias estructurales, de las que dijo tienen un formato establecido que viene dado por la misma reglamentación que tiene el TC.
Posteriormente, los miembros del CNM evaluaron al juez Rafael Leónidas Ciprián Lora, quien mostró su interés en llegar a ocupar un puesto en el TC para acabar con la mora judicial y el astreinte. También habló sobre la importancia de que los convenios o acuerdos internacionales a los que se adhiera el Estado no riñan con la Constitución.
Mery Laine Collado Tactuck de Cid, quien se refirió ampliamente sobre el amparo y los límites de estos como garantía de los derechos fundamentales.
Franklin Emilio Concepción Acosta, fue el candidato número ocho en ser evaluado y, a ser preguntado sobre su parecer sobre la sentencia 168-13 que estableció que “sólo se consideran como nacionales aquellas personas nacidas en territorio dominicano de padres dominicanos o residentes legales, por lo que los hijos de extranjeros sin residencia legal permanente nacidos en territorio dominicano, no son titulares de la nacionalidad de este país”, respondió que la soberanía del país debe ser resguardada y que, por tanto, debe establecer los parámetros para que esto sea posible.“Por lo tanto, entiendo que ser un Estado soberano y establecer la no intervención es una potestad que tenemos en el territorio dominicano”, manifestó.
