No Más Palabras

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El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant) le dio aval mediante resolución a conocidas y repudiables prácticas de monopolio existentes en el servicio de transporte de taxis en el país.

El organismo oficial dispuso que los conductores que trabajan con aplicaciones  de taxis como Uber sean fiscalizados con las mismas normativas de los  ordinarios, rompiendo con el ordenamiento internacional que regula ese servicio mediante plataforma digital en todo el mundo.

Con esta disposición cobran fuerza las violaciones al derecho que tienen las empresas, los conductores y los usuarios a elegir el servicio de taxis que les sean más conveniente.

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Se trata de una situación que viene afectando sobre todo al sector hotelero, cercado por los sindicatos choferiles que impiden el acceso a los taxis fuera de su control a los centros hoteleros para llevar o recoger turistas.

La cuestionada decisión del Intrant, aplaudida por los empresarios del transporte sindicalizados, ha venido acompañada de la grave denuncia hecha por el empresario del sector y senador de la República, Antonio Marte, atribuyendo a las empresas extranjeras supuestamente utilizar sus plataformas para el lavado de dinero.

Se trata de una situación que de conjunto vulnera el derecho a los usuarios de utilizar un servicio de reconocida eficiencia y seguridad, violenta el de los propietarios de vehículos a incorporarse a esa labor productiva y expone al país a un conflicto con Uber con ribetes internacionales dada su condición de multinacional probablemente afectada en su imagen corporativa.

Un dato: la dirección del Intrant, mediante decreto, está en manos de un servidor de primera línea de un grupo de transporte encabezado por el próspero empresario transportista y senador Antonio Marte.

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