El Ministerio Público presentó otros tres testigos contra los acusados en el entramado de corrupción, que estafó al Estado con más de RD$5,000 millones, desmantelado mediante la Operación Antipulpo.
El primero en declarar fue Máximo Peralta, actual encargado de Tecnología del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), con quien el Ministerio Público sentó las bases e incorporó un disco duro que contiene información financiera de la institución.
Posteriormente, Roberto Vargas Polanco, quien trabajó en el Departamento de Bienes Incautados del Ministerio Público durante 15 años, testificó sobre la recepción y documentación de cuatro vehículos entregados de manera voluntaria, cuya acta fue admitida como prueba en el tribunal
Según explicó Vargas Polanco, los vehículos entregados incluyen un automóvil Maserati Quattroporte, color blanco, año 2007; dos motocicletas Harley Davidson; y un Jeep Wrangler, año 1997. De acuerdo con la acusación, todos pertenecientes a Alexis Medina Sánchez.
Finalmente, Sergio Alejandro Miniel Castillo, perito de la Cámara de Cuentas, declaró ante las juezas del Segundo Tribunal Colegiado, con quien el órgano acusador incorporó el informe de auditoría especial realizada al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), la cuál analizó desde agosto 2012 hasta agosto 2020.
Minier Castillo destacó varias irregularidades detectadas durante la auditoría, entre ellas, la falta de elaboración y publicación de los estados financieros, y la ausencia de transparencia en los procesos de compras, donde se adjudicaron contratos a diferentes empresas con socios vinculantes en los registros mercantiles.
Asimismo, el perito señaló las diferencias identificadas entre las nóminas físicas y las registradas en el Portal de Transparencia, así como la existencia de personas que cobraban salarios sin trabajar y que, posteriormente, fueron desvinculadas recibiendo la remuneración correspondiente.
También hizo hincapié en la violación de la Ley 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, y del Código de Ética de la institución, al haberse realizado pagos adicionales a la Unidad de Auditoría Interna del FONPER.
Según el informe, se encontraron casos de personal con vínculos de consanguinidad con directivos de la entidad, en violación a la Ley 41-08.
Además, se identificaron irregularidades en los procesos de compras y adjudicaciones, como la selección de proveedores sin las debidas cotizaciones, la emisión de cheques a diferentes empresas que fueron retirados por las mismas personas, y la falta de actas de los comités de compras en los expedientes institucionales.
Asimismo, destacó que el FONPER realizó el fraccionamiento de compras en violación a la Ley 340-06, así como pagos de avances que superaron el porcentaje del 20% establecido por la ley.
