Santiago. La Fiscalía de Santiago depositó la acusación formal contra 21 imputados, incluyendo 2 entidades societarias, implicadas en la red del cibercrimen que, mediante estafas electrónicas, defraudó con millones de dólares a cientos de envejecientes estadounidenses, y cuyas maniobras fraudulentas fueron investigadas y frustradas por la Operación Discovery 2.0.
El escrito de acusación depositado poco antes de la medianoche de este lunes, ante la Secretaría General de la Jurisdicción Penal de este distrito judicial, comprende 950 páginas contenidas de más de 450 elementos de pruebas entre documentales, periciales, materiales, testimoniales y otras.
Estas evidencias probatorias, recopiladas en las distintas diligencias de investigación que la Fiscalía de Santiago realizó, con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), de la Policía Nacional, la Policía de Nueva York y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos, revelan las maniobras fraudulentas mediante las cuales los acusados sustrajeron los recursos del sistema de seguros y fondos de retiro en perjuicio de cientos de envejecientes.
La Operación Discovery 2.0 constituye una de las investigaciones más complejas de los últimos años para la Fiscalía de Santiago, cuyos peritos, fiscales y abogados expertos, analizaron miles de documentos y tramitaron ordenanzas judiciales de cientos de interceptaciones telefónicas, en un esfuerzo por identificar y analizar los perfiles de los estrategas de esta estructura mafiosa.
La investigación, además de que desmontó una de las organizaciones criminales mejor estructurada en función de los múltiples roles que sus integrantes desempeñaban para planificar y ejecutar las estafas, descubrió el estado de vulnerabilidad de los afectados, trabajadores adultos mayores en retiro, quienes perdieron los ahorros que por décadas dispusieron para contar con un aval que les diera garantías en la cobertura de sus necesidades.
Hasta la fecha, del grupo de los acusados permanecen cumpliendo la prisión preventiva que le fue ordenada en Primera Instancia Miguel Ángel Camilo Pérez, Erick Ángel Peña Núñez, Juan Armando Vásquez Ramírez, Freddy Urtarte (lMetra), Hayler Andrés Olivarez Núñez y Kelvin Antonio Carmona Sánchez.
Los delitos atribuidos a la red, mismos que fueron admitidos por varios procesados, incluyen la estafa, intimidación, usurpación de identidad y lavado de activos.
Como parte de los acuerdos de cooperación internacional, la Fiscalía tramitó con Estados Unidos, a través de sus organismos de investigación, el proceso de extradición de los imputados Juan Rafael Peña Arias, José Ismael Diloné Rodríguez, Félix Manuel Reynoso Ventura, Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán y Miguel Ángel Vásquez, quienes están siendo enjuiciados por estos delitos en esa nación.
La Fiscalía solicita el decomiso de cientos de bienes materiales como vehículos, propiedades y dinero en efectivo
Los agravios
Además de la afectación económica sufrida por las cientos de personas envejecientes, los delitos cometidos por los integrantes de esta estructura constituyen un agravio a la imagen de República Dominicana, lo que a su vez lacera el turismo, una de las actividades principales en las que se sustenta la economía nacional; afecta las relaciones de la nación con otros países, y supone un punto de quiebre para el futuro y la estabilidad de las familias a las que se les despoja de sus recursos.
El órgano persecutor establece que uno de los imputados, Claudio Santana o Claudio Mercedes, arrestado en el proceso, fue deportado a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos por varios delitos cometidos en perjuicio de la legislación de esa nación.
La Fiscalía desarrolló esta investigación en contra de estos ciberdelincuentes que eran propietarios y operadores de cuatro centros de llamadas o “call centers” clandestinos, que fueron allanados, secuestrando evidencias contundentes de los delitos imputados.
La Operación Discovery 2.0 se desarrolló con un equipo de oficiales e investigadores multidisciplinarios que incluyó a más de 26 fiscales, más de 230 agentes de la Policía Nacional y técnicos de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público que se empleó en la coordinación operativa.
