El destacado abogado Miguel Valerio sugirió que los acuerdos judiciales, la solución alterna al conflicto, sean sometidos a la aprobación de un juez, así como también, contar con una resolución y un protocolo previo de la Procuraduría General de la República.
“En el ámbito de la justicia una regla, acuerdo de pleno, que cada ciudadano que vaya a ser sometido a la acción de la justicia sepa, desde el primer día, que tiene posibilidad y derecho a un acuerdo”, expresó Valerio al ser entrevistado en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo que se transmite por Antena 7.
El jurista destacó que en un acuerdo se da información verás, la persona reconoce culpa y el sistema es eficiente porque detiene delito futuro, razones por las cuales, siempre ha estado de acuerdo con esa política.
Consideró, además, que la política de acuerdo tiene que ampliarse como ya ha dicho en varias ocasiones, con más discrecionalidad en el Ministerio Público, arreglada por resoluciones donde esté claro el cómo y el por qué se llega al mismo.
Por otro lado, sobre la concesión de obras, dijo que se trata de los intereses civiles que está persiguiendo el Estado y que no está de acuerdo con la misma porque esa forma de reparación no le parece correcta, y que incluso, la Ley de Compras y Contrataciones en esos casos podría eliminar el registro porque se trata del ámbito administrativo del caso.
“Esa ley es muy clara en por qué usted se puede inhabilitar como un proveedor del Estado, que no tiene que ser falta penal, puede ser falta administrativa”, expresó.
Indicó que una vez que una persona se beneficia de un criterio de oportunidad evidentemente no podría reparar con obras públicas porque estaría en las inhabilitaciones de la Ley de Compras y Contrataciones, tras enfatizar, que a todas luces parece que las cláusulas de ese contrato civil, accesorio en el penal, sería nula y no tendría una aplicación práctica.
Sobre los cuestionamientos sobre la lucha anticorrupción del Gobierno dominicano hechos por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Benjamin Cardin, consideró que es una injerencia de un poder foráneo sobre decisiones internas de la República Dominicana.
Dijo que no está de acuerdo conque sea una lucha sesgada contra la corrupción, sino que es un tema que le atañe al país. “No estoy de acuerdo en que haya una lucha sesgada y en que un poder foráneo como es el Senado de los Estados Unidos, o de cualquier otra nación, intervenga en los asuntos internos de la República Dominicana”, manifestó.
